Ha causado desconcierto la iniciativa de reformas a las leyes del IMSS, del ISSSTE y del Infonavit, para usar una parte de los recursos que hoy están en las Afores para financiar el llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Para identificar al alcance y las implicaciones de la reforma, hay que tomar en cuenta los siguientes antecedentes.
El 5 de febrero pasado, el presidente López Obrador propuso una serie de reformas legales y constitucionales.
Una de ellas era la que apuntaba a que las personas que se retiren y que solo puedan optar por el esquema de la llamada Ley 97, que creó las Afores, puedan hacerlo con el 100 por ciento de su último salario si éste no excede el salario promedio de los trabajadores que cotizan al IMSS, que hoy es de 17 mil 316 pesos al mes.
Se planteó que para poder sufragar los pagos adicionales se usarían recursos que están bajo la custodia del llamado “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado”.
Lo que la iniciativa propuesta por el diputado Mier establece es que haya otra fuente de fondeo.
Se trata de los recursos de los trabajadores que son administradas por las Afores y que, habiendo llegado a los 70 años de edad en el sector privado o 75 años en el sector público, y que no hayan iniciado trámites para obtener una pensión.
Los recursos se trasladarían al Fondo de Pensiones del Bienestar de modo automático.
Sin embargo, para evitar que pareciera una “expropiación”, la iniciativa establece que los recursos de los trabajadores queden en cuentas individuales para que, en caso de que dichos ahorros se reclamen por el trabajador o sus beneficiarios, se pueda gestionar su devolución.
Ayer, el presidente López Obrador, en su conferencia mañanera fue más explícito respecto al caso.
Refirió que en realidad el tema es que el gobierno buscaba recuperar algo así como 40 mil millones de pesos, que es la cifra que se ha estimado de recursos que no se reclaman.
Su visión es que ese dinero le está dejando rendimientos a las Afores y lo que él quisiera es que le dejara dichos rendimientos al gobierno.
Desde hace años tenemos el problema de que hay muchos trabajadores que ni siquiera saben que tienen una cuenta de ahorro para el retiro. Menos aún conocen quién la administra y qué derechos tiene.
La apuesta del gobierno es que el 90 o 95 por ciento de esos recursos nunca sea reclamado. Y, por lo tanto, pueda formar parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Este Fondo estaría nutrido de diversas fuentes, pero, si realmente hay un monto de 40 mil millones de pesos que puedan captar, quizás será la principal fuente de recursos.
La referencia del monto es relevante porque hay que subrayar que equivale al 0.6 por ciento de los fondos que administran las Afores y al 0.5 por ciento de los fondos totales que tienen registrados las Afores.
No hay que equivocarse en el tiro.
Si, quienes critican la medida, argumentan que con ello el gobierno muestra que quiere quedarse con los recursos de las Afores, será un error gigantesco.
Eso no va a ocurrir.
Pero, hay que tomar en cuenta que lo relevante no es que el gobierno pretenda controlar los recursos de las Afores.
Lo que detectó es un resquicio en el que hay recursos que podrían ser administrados directamente por el poder público.
Propone esto en lugar de generar una gran campaña para que los trabajadores o sus beneficiarios recuperen ese dinero.
El temor que se puede suscitar tras esta determinación es que este sea solo un primer paso y que, en la próxima administración, de ganar Morena, pudiese haber un cambio radical del sistema de pensiones, desechando las reformas de 1997 para el IMSS y de 2007 para el ISSSTE, como la propia candidata de Morena ha expresado.
Eso es lo que está en el fondo, más allá de la iniciativa firmada por el diputado Mier.
El temor se sustenta en el hecho de que esta reforma es legal y no constitucional, para lo cual, Morena tiene los votos necesarios.
Veremos cómo suceden las cosas.