La nostalgia del presidente López Obrador por el pasado, nuevamente se hizo presente el día de ayer cuando presentó una presunta carta enviada al pueblo de México por el presidente Adolfo López Mateos el 27 de septiembre de 1960.
En el Informe Presidencial del 1 de septiembre de aquel año, López Mateos anunció la nacionalización de la industria eléctrica.
A diferencia de lo que ocurrió con la expropiación petrolera, en el caso de la industria eléctrica el proceso fue a través de la compra de las acciones de las empresas que operaban en México entonces.
De hecho, el entonces secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, contó el episodio e indicó que las compras se hicieron con sigilo, a través de agentes financieros, con objeto de que los vendedores no supieran que era el gobierno mexicano quien compraba.
La Comisión Federal de Electricidad producía entonces el 54 por ciento de la energía eléctrica del país. El 25 por ciento era producido por la Mexican Light and Power, que luego se convertiría en Luz y Fuerza del Centro, y el resto de la electricidad la producían otras empresas más pequeñas.
Con la adquisición de las acciones de estas compañías, el Estado, que no la CFE, se quedó con el monopolio de la generación y distribución eléctricas.
La exaltación del discurso nacionalista de López Mateos el día de ayer muestra que en realidad lo que en el fondo quisiera el presidente es que regresáramos al estado de cosas que teníamos en 1960.
A diferencia de lo que ocurrió con la industria petrolera, en donde se mantuvo el monopolio de la producción hasta la reforma energética del sexenio pasado, en la industria eléctrica, a través de cambios en reglamentos y leyes, se fue abriendo a una situación de competencia desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Los productores independientes, que le vendían energía a CFE, fueron creciendo de manera importante.
La situación financiera de las dos empresas eléctricas limitaba sus capacidades para invertir, por lo que se dejó que el sector privado lo hiciera.
López Obrador sabe que, emprender como en 1960, un proceso de ‘mexicanización’, como entonces se denominó, de la industria eléctrica, es poco menos que imposible.
Repetir el esquema y comprar el control de las empresas privadas está fuera de la posibilidades financieras del gobierno y pretender expropiar propiciaría una crisis de proporciones gigantescas.
Por eso se ha elegido un camino de gradualidad para limitar al sector privado, en el que se van erosionando las reglas del mercado eléctrico que se habían venido definiendo desde hace algunas décadas y que se perfilaron de manera más clara con la reforma energética.
Cuando existe un monopolio, como lo teníamos, y se quiere crear un mercado, lo natural es que se establezcan reglas que limiten al monopolio –el que sea– y que alienten a la competencia.
Eso ha sucedido prácticamente en cualquier lugar del mundo en el cual los mercados han desplazado a los monopolios.
Esa condición regulatoria es la que no gusta ni al presidente de la República ni a su equipo en el sector energético y por lo mismo, prácticamente desde el comienzo de esta administración, se han ido tomando decisiones para revertir la reforma energética pero sin cambiar las leyes.
En términos propagandísticos, es mucho más rentable hablar de la soberanía energética y enarbolar banderas de personajes que se encuentran en la memoria colectiva con una connotación positiva como Lázaro Cárdenas o Adolfo López Mateos.
Nuestro problema es que el mundo de 1960 ya no existe.
Hoy, el entorno global es completamente diferente y las decisiones que en aquel momento fueron pertinentes hoy probablemente podrían tener consecuencias muy negativas.
No hay manera de que el tiempo vuelva, aunque sea el presidente quien lo pida.