Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena hasta la realización de su próximo Congreso, es alguien usualmente sensato. Por eso, causó extrañeza la redacción de su propuesta, que ha generado una tormenta.
Dice un párrafo del comunicado de Ramírez Cuéllar del domingo pasado:
“El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas.
El Inegi también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas”.
El presidente de Morena justifica que sea un órgano constitucionalmente autónomo quien tenga acceso a toda esta información.
En otro tiempo, tal vez el hecho de que se tratara de un organismo que forma parte del Estado pero no del aparato de gobierno podría haber generado confianza en que la información sería correctamente utilizada, solo en términos agregados.
Pero, en estos tiempos, en los que múltiples órganos autónomos han estado bajo ataque del gobierno, hay razones fundadas para la desconfianza.
Por eso, lo que la propuesta de Ramírez Cuéllar ha propiciado es la imagen de un encuestador del Inegi que tiene acceso a toda la información de los hogares a los que visita, entrando en los domicilios para observar la “riqueza”, que pide toda la información de los activos financieros, así como de las propiedades inmobiliarias y de otro tipo de todos y cada uno de los integrantes del hogar.
La caricatura que los pintaba ayer como una especie de ‘Gestapo’ no era casual.
A lo largo del día de ayer, diferentes académicos, investigadores y funcionarios, como Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico, quien ha estudiado profusamente la desigualdad, han señalado que la investigación de los activos financieros e inmobiliarios es algo usual en los países desarrollados. Incluso Esquivel refiere una encuesta practicada por Banxico e INEGI en nuestro país: la “Encuesta sobre Finanzas de los Hogares”, levantada entre el 7 de octubre y el 29 de noviembre del año pasado, y cuyos resultados se darán a conocer en los próximos meses.
La gran diferencia entre un estudio como el referido y lo que muchos temen la marca el contexto.
En un ambiente polarizado, en el cual el presidente ve como adversarios a todos los que no están con él, acceder a toda la información económica y financiera de un ciudadano se percibe, no sólo como una invasión a la privacidad, sino como la posibilidad de usar esa información para presionar políticamente.
La burra no era arisca… pero ya lo es.
¿Para qué obtener información fiscal y financiera de las personas si el presidente López Obrador ha dicho hasta el cansancio que no habrá una reforma fiscal? ¿Qué propósito tendría entonces el contar en el INEGI con todos estos datos? ¿Hasta qué punto la Junta de Gobierno del INEGI podría mantener su autonomía si el gobierno decide que es tiempo de colocar en esa institución a amigos de la 4T?
Si Alfonso Ramírez Cuéllar mantiene la sensatez que le ha caracterizado, en cuestión de algunos días va a retirar su propuesta y va a concentrarse en otras muy relevantes que contiene su documento y que quedaron completamente perdidas, destacadamente la creación de un Consejo Fiscal profesional que cuente con autonomía y que no dependa del Ejecutivo sino del Congreso, para evaluar las políticas de gastos e ingresos del gobierno y elaborar propuestas.
Eso sería mucho más relevante que querer que el INEGI se convierta en la Gestapo de la 4T.
Le robo su expresión a Gonzalo Hernández Licona: lo que espanta son los “moditos” de Morena… y una justificada desconfianza.