A casi ocho años del caso, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México presentó un tercer informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Dio a conocer un video en el que se observa a integrantes de la Secretaría de Marina en el basurero de Cocula, donde presuntamente habrían sido incinerados los cuerpos de los estudiantes, de acuerdo con la versión oficial del gobierno de Peña Nieto conocida como "la verdad histórica".
Pero, ¿cuáles son los nuevos elementos de la investigación?
De acuerdo con el informe, hay varios elementos que no se habían hecho públicos, toda vez que recientemente fueron desclasificados por mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que en años anteriores había sido solicitada por el GIEI, sin éxito.
MARINA MANIPULÓ EL BASURERO DE COCULA
Tras protestas, irregularidades, cambios de gobierno y casi ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el GIEI presentó un video en el que se observa la presencia del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam y de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) en el basurero de Cocula, en momentos en los que todavía no se conocía la “verdad histórica”.
La grabación de más de dos horas fue tomada el 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los estudiantes, y fue captado por un dron de la Semar que sobrevolaba el área del basurero de Cocula, lugar donde presuntamente fueron incinerados los normalistas la noche del 26 y 27 de septiembre de ese año.
Del análisis de las imágenes, el GIEI concluye: “Un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participan al menos de 6 h 39 am (sic) hasta la llegada de la comitiva del procurador Murillo Karam (a las 8:28 horas), en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación previa e investigación del basurero de Cocula”.
En otro video, se ve a supuestos militares manipulando bultos que sacan de dos camionetas a un basurero.
Luego se ve a otros agentes encender una hoguera en la misma zona.
Los investigadores dijeron que había más de 100 horas de video, pero que se concentraron en revisar los del 27 de septiembre.
LA CONSTRUCCIÓN DE "LA VERDAD HISTÓRICA"
Este informe exhibe cómo la “verdad histórica” fue construida por funcionarios de distintas dependencias, como la policía estatal de Guerrero, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Dicha narrativa “fue una forma de ocultar el destino de los estudiantes ya que sostuvo por todas las autoridades federales una versión distorsionada, que daba por cerrado el caso y que impedía que los estudiantes fueran realmente buscados y en lo posible encontrados”, resaltó Carlos Beristain, especialista del GIEI.
Con la colaboración de la Unidad Especializada en la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), entre los nuevos datos revelados en el documento, se demuestra que la llamada anónima con la que se justificaron las detenciones de personas involucradas en la “verdad histórica” no existió, y que “se bajó de forma intencional y bajo la dirección de una persona de nivel de dirección de la Unidad Antisecuestros de la PGR, para dar cobertura a las detenciones que se habían realizado el 27 de octubre…se falseó no solo el contenido sino la fecha, señalando que habría ocurrido el 25 de octubre, de forma que diera credibilidad a actuaciones que ya estaban en curso”, detalló Beristain.
TORTURA
El GIEI detalló que se localizaron más de 60 videos relacionados con 50 detenidos, “que demuestran el trato degradante y violatorio de derechos humanos”, así como actos de tortura que recibieron por parte de “titulares de Unidad, agentes del Ministerio Público de la Federación, policías federales, ministeriales de la PGR, así como elementos de la Policía Federal y del Cisen (Centro de Información y Seguridad Nacional)”, hechos que ocurrieron en instalaciones de la Semar y de la Seido.
Al sostener que en el caso Ayotzinapa la tortura fue sistemática, el informe describe el modus operandi a partir de los videos: “los detenidos aparecen con los ojos vendados, sufren golpes, amenazas en contra de ellos o sus familiares cercanos y largos periodos de detención sin alimentos o agua, así como la negación de la asistencia de un defensor”.
Para los autores del informe, “la coordinación de todas estas instituciones no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior que se tiene que investigar si se quiere tener claridad de cómo y por qué se llevó a cabo toda esta operación, como parte de la verdad que puede ayudar a tener claridad sobre los hechos, las circunstancias de la desaparición y el paradero de los normalistas desaparecidos”.
RESTOS DE ALEXANDER MORA
Al reconocer que el resto que habría hallado un miembro de la Semar en el río San Juan, corresponde efectivamente a uno de los 43 jóvenes, Alexander Mora Venancio, el grupo de expertos alerta sobre la necesidad de saber cómo se obtuvo el resto óseo y cómo llegó ahí.
“Todo esto permite afirmar que se llevó a cabo una operación coordinada por parte de una multiplicidad de actores, muchos de los cuales no sólo realizaron parte de una actuación ilegal, sino que conocían en distintos niveles las actuaciones que se llevaban a cabo. Funcionarios que participaron en las torturas, las conocieron, legalizaron las capturas o no denunciaron. Otros, llevaron a cabo actuaciones irregulares en el basurero de Cocula y el río San Juan por fuera de la legalidad, y realizaron prácticas para dotar de cobertura esas acciones”, puntualizó Francisco Cox del GIEI, en conferencia de prensa.
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO E INFILTRACIÓN EN LA ESCUELA ISIDRO BRUGOS
El GIEI indicó que el informe también incluye datos sobre la vigilancia del Ejército y del Cisen sobre las movilizaciones de los estudiantes con fines de contrainsurgencia desde el 2010 y los grupos del crimen organizado que operan en Guerrero, así como de la infiltración de militares en la Normal de Ayotzinapa y en la comunidad de Tixtla
De acuerdo con el reporte, hubo dos operaciones de inteligencia y seguimiento a los 43 normalistas al menos dos días antes de su desaparición, las cuales fueron ordenadas desde el batallón 27 con sede en Iguala. A dicho seguimiento que se le denominó “histórico o contrainsurgente”, tenía como objetivo las actividades de los estudiantes, por una orden expresa por parte de autoridades militares de darle seguimiento a sus movimientos.
Asimismo, se detalló que las autoridades en aquel momento contaban con información prácticamente minuto a minuto de lo que estaba ocurriendo la noche del 26 y 27 de septiembre, pues obtenían información desde el Centro de coordinación Guerrero Seguro (C4).
También se confirmó la infiltración de militares en el contingente de los normalistas. Según los expertos, se identificaron a diversas personas siguiendo el trayecto de los estudiantes, al tiempo que había supuestos estudiantes que iban en los autobuses, pero que estaban infiltrados, "había agentes de inteligencia, como los llaman los grupos militares, como fachada”, señaló el reporte.
PENDIENTES
El GIEI lamenta que la Sedena se resista a entregar algunos documentos que podrían aportar información relevante sobre el caso, como investigaciones internas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas, entre ellas averiguaciones previas abiertas contra oficiales por las denuncias de sobrevivientes maltratados por los soldados en el Hospital Cristina, donde los jóvenes llevaron a un compañero herido.
Entre los temas pendientes por investigar, el GIEI considera necesario establecer qué ocurrió con el quinto autobús que tomó un grupo de muchachos y que no ha aparecido, así como solicitar más información de Guerreros Unidos a Estados Unidos, a partir de los juicios abiertos contra algunos de sus miembros detenidos en ese país.
Además, se indicó que en estos más de siete años, se ha detectado que 22 personas que han declarado dentro de las diligencias han muerto, de las cuales, solamente dos fallecieron de muerte natural, las demás han sido asesinadas o desaparecidas.
POSTURA DE LOS PADRES DE LOS 43
Sin embargo, ni la voluntad presidencial ni la institucionalidad creada alrededor del caso han sido suficientes para lograr el objetivo primordial de determinar el paradero de los 43 estudiantes, ya que después de dar a conocer los nuevos avances la investigación, los padres de los jóvenes reclamaron que acusaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocultó información sobre la desaparición de los estudiantes durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
"Lamentablemente en este país los pobres no tienen justicia. La justicia se vende al mejor postor en este país. La Secretaría de la Defensa Nacional, desde el tiempo que gobernó Enrique Peña Nieto, siempre ocultó información. Sí teníamos motivos de sospechar".
"Estamos encabronados porque nos vieron la cara durante el proceso de investigación” y lamentaron el juego sucio que llevaron a a cabo las Fuerzas Armadas para dar "la verdad histórica" sobre el caso.
Los padres y madres de los normalistas dijeron que están de acuerdo con el informe del GIEI y demandaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar con el diálogo y "resolver de una vez por todas esta masacre".
Exigieron "verdad, justicia; así como el paradero de los muchachos" para reparar el daño desde hace ocho años.
PEÑA NIETO Y CIENFUEGOS PODRÍAN DECLARAR
En este sentido, los padres de los normalistas pidieron que se llame a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, López Obrador apuntó que "una cosa es ser culpable y otra responsable", por lo que aseguró que si la investigación lo amerita, será llamado a comparecer, al igual que el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
"Los responsables están declarando. Sí creo que los presidentes están enterados, siempre lo he dicho, no es cierto eso de que el presidente o gobernador no sabían. No, sí se sabe. No estoy culpando a nadie porque, también eso hay que tenerlo muy en cuenta, una cosa es ser culpable y otra cosa es responsable", remarcó AMLO.
El mandatario federal comentó que la Fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa será la dependencia que resolverá el caso y pidió tenerle confianza.
"¿Cómo es posible que la Sedena desde el tiempo que gobernó Peña Nieto siempre ocultó información? ¿Cómo es posible que, el mismo Peña Nieto en ese entonces, igual ordena la entrega de la documentación que pudiesen tener sobre el caso? ¿Le hicieron caso? No, porque era un acuerdo que tenían entre ellos", reprochó Emiliano Navarrete, uno de los padres.
REINICIO DE LAS INDAGATORIAS
El 30 de junio de 2020, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, declaró el fin de la verdad histórica como investigación del caso.
El 26 de septiembre de 2020, López Obrador declaró ante los padres y las madres de las víctimas que dadas las falsificaciones de pruebas y testimonios, "la única verdad es que no hay verdad, y que encontrarla es la encomienda que vamos a cumplir", anunciando que la investigación continuará abierta, mientras que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, la declaró "colapsada".
Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes, declaró en noviembre de 2021 que el Ejército ha bloqueado el acceso a la información oficial del caso, que algunos documentos han sido destruidos o que ya no pueden consultarse y señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional "argumenta 'cuestiones normativas' para rechazar peticiones de los padres a acceder a todos los documentos sobre el caso."