El Instituto Mexicano para la Competitividad publicó la semana pasada un dato muy revelador. La Secretaría de Economía tendrá en 2022, en términos reales, un presupuesto 47% menor al 2021. O, puesto de otra manera y como lo destacó el propio Imco, de cada 100 pesos que la SE tenía en 2015, el año entrante sólo tendrá 12 pesos.
Esa reducción presupuestal es una de las caras de ese poliedro llamado Andrés Manuel López Obrador, un presidente que no entiende –ni quiere entender– bien a bien para qué sirve el gobierno. Comprende perfectamente para qué sirve el poder, pero no le interesa ejercer muchas de las palancas que tiene el aparato gubernamental.
Claro que es posible que los presupuestos de algunas dependencias tuvieran grasa de más. Pero la SE ha perdido presupuesto año con año desde 2015, y por más sobrante que hubiera en esa dependencia, quitarle en un solo año casi la mitad de sus recursos es prácticamente condenarla a la inoperancia. No es, por supuesto, la única entidad del gobierno que padece recortes.
Porque, sin subestimar perniciosas consecuencias en cuanto a opacidad y corrupción, se puede decir que en el mismo sentido –de descapitalizar al aparato gubernamental– apunta el acuerdo publicado el lunes por el presidente en el Diario Oficial de la Federación, por el que "se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional".
Es algo así como "el Presidente de la República está cansado de que su gobierno no le siga el paso". Y como no le bastó cambiar a gente de las dependencias que no le daban los permisos o autorizaciones en el tiempo y la forma que quería, como no le fue suficiente lograr que los amparos contra el gobierno cayeran en juzgados amigables al Ejecutivo, entonces procede a congelar al gobierno en la labor de vigilar obras gubernamentales. O les quita dinero o les suspende facultades.
Sin subestimar las aberraciones jurídicas y los riesgos de discrecionalidad que implica, ese acuerdo supone además que el Presidente contará con una gran ventaja frente a cualquier persona física o moral.
La administración se dio a sí misma una tregua de 12 meses frente a las leyes que sí operarán para los privados.
La resultante de recortes como los de la Secretaría de Economía o del ilegal decretazo es obvia y perniciosa: habrá más corrupción.
En el caso de los privados, un gobierno que no ayuda, estorba. Y al hacerse más difíciles, tardados o discrecionales –incluso todo eso junto– los trámites y las autorizaciones de dependencias –como Economía, entre otras–, se abren ventanas para que ocurran actos de corrupción.
Nada justifica la violación de la ley de parte de nadie, pero qué nos dice una realidad donde el gobierno se premia con exenciones mientras a todos los demás los sujeta a la regulación. Y encima, quien no pertenece al gobierno federal ha de enfrentar a agentes reguladores que tienen menos presupuesto, menos personal e incluso menos incentivos –porque se denuesta a diario a los emprendedores– para cumplir su labor.
Sería una paradoja que el mandatario que llegó a la Presidencia con un discurso anticorrupción, al dificultar la actividad económica, incentive –perdón por la palabra– actos indebidos o ilegales de actores que, en su intento por seguir operando o por echar a andar alguna iniciativa, burlen normas, autorizaciones o permisos necesarios.