Andrés Manuel López Obrador no es el primer presidente mexicano que trata de minimizar hechos que evidencian el poderío de grupos criminales.
Tan no es original en eso que, en su momento, una de las quejas de Felipe Calderón era que su predecesor dejó crecer a los cárteles.
En este renglón AMLO nos salió tan parecido a Calderón y a Peña Nieto que no sólo militarizó más la lucha anticrimen, sino que, al igual que en el pasado, el jefe del Ejecutivo parece conformarse con asumir un papel de espectador frente a delincuentes que “se matan entre ellos”.
En el plano no militarista de la estrategia, el actual gobierno tampoco es el primero en incorporar políticas sociales para rescatar a las comunidades, a fin de evitar que los jóvenes de éstas tomaran la “salida fácil” de incorporarse a la delincuencia.
La anterior administración tuvo un robusto programa en el que Roberto Campa y su equipo de la Secretaría de Gobernación dotaron a municipios y estados de capacidades para intervenir en polígonos donde los criminales enrolaban fácilmente a adolescentes.
Que ahora AMLO quiera decir que nunca se había hecho nada por los jóvenes para alejarlos del crimen es sólo una más de sus estratagemas para desdeñar todo lo que huela a pasado.
De alguna forma esa propaganda es entendible; presume los apoyos a jóvenes porque el resto del panorama es sombrío: como a sus antecesores, al actual Presidente se le acaba el sexenio y el poderío de los violentos –evidente en el número de homicidios y en delitos como la extorsión– está lejos de reducirse sustancialmente. Sin embargo, este hecho parece no importarle realmente al mandatario.
Porque lo que sí es muy distinto hoy con respecto al pasado es que el presidente López Obrador ha decidido, como nadie antes en la posición que ocupa, mandar consistentes mensajes de fraternidad para con los delincuentes.
No nos equivoquemos: lo suyo no es sólo minimizar un retén de gente armada –que no pertenece a cuerpos de seguridad del Estado– que detiene a plena luz del día a periodistas que iban a cubrir el evento presidencial del viernes, como ocurrió en la zona de Badiraguato. Lo que hace Andrés Manuel es invitar a la sociedad a normalizar al narco.
Desde hace 15 años la opinión pública se esfuerza para tratar de establecer un debate que dé herramientas a la sociedad a fin de que ésta no se acostumbre ni resigne a un México donde lo común es el reguero de asesinados y desaparecidos, con la impunidad implícita de esos homicidios.
Un México donde no sea ingenuidad seguir apelando a que el Estado haga su parte para que impida que los delincuentes sean quienes establezcan las condiciones de seguridad, y hasta convivencia, nacionales.
El presidente López Obrador va en sentido contrario. Él siempre encuentra palabras y ocasión para desacreditar a quienes denuncian su preocupación frente a flagrantes y terribles hechos delincuenciales.
Nadie le pide que viole derechos humanos. Pero sí se le exige que evite que otros lo hagan. Y que muestre que su lado es, indudablemente, el de las víctimas de los delitos, no los delincuentes.
Él prefiere asumir que 25 desaparecidos al día, como es que ocurren en su sexenio según el recuento de Quinto Elemento, y más de 80 asesinatos diarios, es algo normal, y que quien se escandalice por ello y porque el narco domina la vida en múltiples regiones es un conservador que quiere cosas malas para su gobierno y para los pobres.
En eso, qué duda cabe, estamos peor que con sus antecesores.