El acuerdo promulgado por López Obrador para permitir que obras estratégicas puedan realizarse sin tener a priori permisos o autorizaciones de las instancias correspondientes implica poner a autoridades civiles por debajo de dependencias castrenses.
Ese traslape ahonda las consecuencias transexenales de la decisión lopezobradorista de hacer de las Fuerzas Armadas la piedra angular de su gobierno.
Aunque falta ver qué determinará la Suprema Corte cuando se presente la controversia constitucional que el Inai anunció la semana pasada, el acuerdo hoy está firme, lo que significa que las Fuerzas Armadas, entre otros órganos de gobierno, pueden ejecutar acciones a sabiendas de que, en el peor de los casos, tendrán 12 meses para conseguir posfacto las respectivas autorizaciones; o que incluso si la Corte echara abajo esa suspensión habrá para entonces hechos consumados en varias obras.
Esta capacidad de maniobra que se le otorga a las Fuerzas Armadas es una prebenda más de AMLO hacia los uniformados, y constituye una cosa extra que la Defensa pondrá en la mesa cuando se acerque la sucesión.
Porque contrario a los tiempos recientes, en la próxima renovación presidencial las Fuerzas Armadas tendrán mucho qué jugarse. Y por tanto, su atención al juego del tapado será inédita en décadas. Dije atención, pero quizá la palabra correcta sea participación.
En las alternancias las FFAA probaron que la institucionalidad que habían mostrado en tiempos priistas estaba hecha también para la democracia. Pero ningún gobierno les había metido en tantos ámbitos y encargado tantas tareas.
López Obrador cogobierna con las Fuerzas Armadas. Se ha dicho que así ha ocurrido porque, frustrado ante un gabinete civil que se atora en la normatividad, en grillas e insuficiencias, el Presidente encuentra en los soldados a unos ejecutantes mucho más solícitos que la generalidad de la burocracia.
También es cierto que el Presidente hace de la necesidad virtud: siendo él un admirador de Salvador Allende, es lógico pensar que ha acercado todo lo posible a la milicia a su proyecto para que ésta no quede a expensas de coqueteos por parte de sectores que han resentido los cambios de este gobierno. Ésta es una lectura extrema, lo acepto, pero Andrés Manuel prevé jugadas de todo tipo y no sería raro que ésta fuera una de las motivaciones de su compenetración gubernamental con soldados y marinos.
En todo caso, cuando los tiempos de la sucesión lleguen habrá una discusión de dos filos. Cada precandidata y precandidato tendrá que manifestar qué posicionamiento asumirá con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que deberían ser de los civiles. ¿Quién se pronunciará por regresar a los soldados a los cuarteles?
Y la otra, no menor, es que estas Fuerzas Armadas –aumentado su rol y presupuesto– serán una bolsa electoral. ¿Veremos campañas de todos los partidos, o sólo de uno, en las barracas?
Esa discusión tendrá pronto un primer capítulo: AMLO anunció una iniciativa para que la Guardia Nacional sea formalmente un brazo más de las FFAA, lo que irá contra la ley que dio origen a ese cuerpo y que fijaba en cinco años el límite del uso de militares en tareas de seguridad.
Los partidos, pero sobre todo quienes aspiren a la candidatura presidencial, tienen una nueva papa caliente: estas presidenciales implicarán mucho más que definir el papel de las FFAA en tareas de seguridad, donde por cierto quizás unos aspirantes propongan más balazos y otros seguir con los abrazos. En cuyo caso las Fuerzas Armadas podrían tener su propia opinión, y querrán ser tomadas en cuenta. El 2024 estrenará este factor nada menor.