De todo el gabinete de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles era la más altanera y prepotente, y solía reclamar con tonos subidos las críticas que se hacían sobre sus excesos y señalamientos de probables desvíos de recursos. “No hay nada que pueda probarse”, me increpó una vez llena de furia. Las cosas saldrán a la luz pública en su momento, le dije. Ella se sentía protegida por Peña Nieto, quien desoía las quejas del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por el mal manejo del presupuesto en Desarrollo Social, apoyada también por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El martes Robles generó la noticia política del día al buscar el criterio de oportunidad en la Fiscalía General para "hablar con toda la verdad". Varios abogados consideran que al haber hecho un daño al erario, no se aplica ese criterio porque resultaría probablemente en impunidad. Pero mientras eso se discute, generó escándalo el señalamiento que hizo uno de sus abogados que acusaría a Videgaray de haber desviado recursos para campañas electorales, como la presidencial de 2018. Aunque ella desautorizó los dichos, no negó lo señalado por su abogado.
Robles está en la cárcel por una manipulación del debido proceso por parte de la Fiscalía General y de un juez de control con claro conflicto de interés. Pero el delito por omisión por el que la detuvieron, se agravó con otros dos más que al entrar en el terreno de la delincuencia organizada, no es sujeta a libertad bajo fianza. La prensa señaló ayer que finalmente el gobierno la quebró, lo que es incorrecto. La razón por la que pidió el criterio de oportunidad se originó en una cadena de errores cometidos por ella y sus abogados, que provocó la declaración de su incondicional hasta hace un mes, Emilio Zebadúa.
Los hablantines abogados de Robles declararon hace unas semanas que llamarían a declarar a su exoficial mayor, para probar que ella era inocente y Zebadúa el responsable de los desvíos. Tampoco ayudó la carta que dio a conocer al cumplir un año en prisión, sugiriendo esa estrategia. Zebadúa, que se había mantenido hermético y escondido del ojo público, debió haber pensado que le iban a transferir la responsabilidad de los desvíos, y pidió declarar, aprovechando en el criterio de oportunidad. El nido de complicidades que tuvieron durante casi dos décadas se rompió.
Robles dijo que se decidió a declarar ante la Fiscalía porque Zebadúa estaba inculpando a Peña Nieto y a Osorio Chong, a quienes considera impolutos. Eso lo tendrá que probar su excolaborador. Pero lo que ya tiene la Fiscalía, en detrimento del caso de la exsecretaria, son anexos a su declaración donde incluyó oficios elaborados durante casi año y medio antes de que estallara el escándalo de la llamada Estafa Maestra, en donde Zebadúa fue documentando que lo que le pedía Robles era irregular o, eventualmente ilegal, actuando de manera dolosa.
Zebadúa menciona también irregularidades en terrenos donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco, que de seguir las autoridades esa línea, podrán llegar a donde no quieren llegar: el expresidente Peña Nieto. Hay documentación de que Robles, desde la Secretaría cuando fue enviada a Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), autorizó mil 500 millones de pesos en terrenos con todo tipo de permisos, a Antorcha Campesina, en prejuicio de los verdaderos propietarios de los predios en esa zona.
Antorcha Campesina es un grupo de choque que fue impulsado por el PRI cuando los caciques en los municipios conurbados al oriente de la Ciudad de México se le habían salido de control.
En el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, Antorcha Campesina fue utilizada como grupo de presión por su entonces secretario general de Gobierno, Luis Miranda, que se convirtió en subsecretario de Gobernación, encargado de los asuntos políticos, cuando su compadre llegó a la Presidencia. Se desconoce el destino que tuvieron esos mil 500 millones de pesos, pero tras salir él y el titular Osorio Chong de Gobernación, el nuevo subsecretario, René Juárez, negoció con los verdaderos propietarios el despojo de que habían sido sujetos, y firmaron un documento de reconocimiento de la propiedad y 400 millones de pesos de compensación.
El dinero salió de Hacienda para solventar el acuerdo, pero Sedatu nunca lo entregó. Tampoco Conagua, que participó en la negociación.
De hecho, aún se arrastra en la actual administración ese problema que dejó Robles. ¿Dónde quedaron esos millones de pesos? Es un misterio. Tiempo antes, la Sedatu se apoderó de una gran propiedad privada en Baja California Sur, también sin pagar el despojo, y luego, por instrucciones de Robles, se la revendió a bajo precio a un primo del ex presidente Peña Nieto.
Si la Fiscalía General sigue estas pistas podría llegar a Peña Nieto. El fiscal Alejandro Gertz Manero sí está dispuesto a llegar al ex Presidente, pero su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, no. Gertz Manero y la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto, también quieren proceder contra Osorio Chong, pero Rosario Robles ya anticipó su exoneración y en Palacio Nacional tampoco quieren ir sobre él. Zebadúa afirmó que Robles desvió recursos para promover su candidatura presidencial, lo cual también tendrá que probarse.
Robles está enfocando sus acusaciones contra Videgaray, que no era jerárquicamente superior a ella, sino par –su superior era el Presidente–, y que en las elecciones presidenciales de 2018 era secretario de Relaciones Exteriores, sin posición para manejar presupuestos. Sus declaraciones agitan más el río revuelto del imaginario colectivo, estimulado por las evidencias de que en el gobierno de Peña Nieto hubo actos claros de corrupción, que se fueron señalando en la prensa desde 2013, y que hasta hoy y quizás en el futuro, por el desaseo con el que está actuando la Fiscalía de López Obrador, puedan quedar sin castigo.