El gobierno de la Ciudad de México se encuentra metido en un atolladero, y su cabeza, Claudia Sheinbaum, está naufragando. No encuentra cómo responder a las crecientes sospechas de acciones drásticas para contener a grupos de mujeres que se enfrentaron con la policía el lunes en Palacio Nacional y la posibilidad, cada vez más cierta, de que se usaron gases lacrimógenos en su contra, que hasta ahora niegan las autoridades. El problema de Sheinbaum en este momento es que sin importar cuál sea la verdad, ella pierde por mentirosa, por omisa o por abuso de autoridad.
Están tan enredadas las autoridades capitalinas en sus palabras, que no alcanzan siquiera a ponerse de acuerdo en el mensaje. El subsecretario de Gobierno, Efraín Morales, dijo que no se usó gas lacrimógeno, sino gas de extintores. Marcela Figueroa, subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que sí se lanzó gas lacrimógeno, pero no por parte de la policía. Sheinbaum ni siquiera habló de gas lacrimógeno en su negativa de aplicación contra las mujeres, sino de gas pimienta, que tiene químicos más severos en las reacciones. Las palabras de las autoridades chocan cada vez más con evidencias que las contradicen.
Uno de los miembros de Brigada Marabunta, una organización no gubernamental que observa y defiende los derechos humanos, mostró a la prensa un cilindro lanzado por la policía, que dijo tenía gas lacrimógeno. La conclusión a la que llegó fue por el tipo de efecto que causó entre quienes respiraron ese gas, cuyos químicos producen ceguera temporal, impide la respiración, irrita y produce lagrimeo, a diferencia del gas de los extintores, elaborado con una base de dióxido de carbono, que genera molestias menores.
Varias periodistas narraron sus experiencias en la marcha, con descripciones que se ajustan a los gases lacrimógenos, que según se aprecia en videos en las redes sociales, salieron de las posiciones de la policía en la muralla del miedo. Nadia Rodríguez, que cubrió la marcha para Eje Central, reconoció tres diferentes tipos de gases que identificó por colores –que pueden cambiar en función del colorante que se use–, como verde, que se utilizó en un principio y que dejó pintada la ropa –en algunos países es un método para identificar y detener después de las protestas–; el gas de los extintores, y un gas rojizo que le produjo los efectos del lacrimógeno.
El gas lacrimógeno por parte de las fuerzas de seguridad, siempre ha sido visto como un acto de fuerza y represión. Las autoridades utilizan ese recurso como un paso previo a acciones drásticas de mayores consecuencias, como el empleo de balas de goma, que dependiendo de la distancia y la zona del cuerpo en donde impacten en una persona, puede llegar a ser letal. Como Sheinbaum y los demás líderes de Morena, comenzando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre calificaron el uso de gas lacrimógeno en el pasado como una táctica represiva, es políticamente imposible que ahora admitan que se haya utilizado contra las mujeres que se enfrentaron a la policía.
Éste es el terreno donde Sheinbaum sale mal, cualquiera que sea la conclusión de este episodio. Por órdenes suyas, actuando como correa de transmisión de las instrucciones de López Obrador, a quien le consultó cómo actuar con la policía y pidió su aval por teléfono para utilizar elementos masculinos tras informarle que las mujeres policías estaban siendo rebasadas por las manifestantes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana negoció un protocolo de seguridad con las organizaciones que iban a vigilar la marcha del 8M, en el cual excluyeron la eventualidad del empleo del gas lacrimógeno.
Habría tenido sentido, y justificación política incluso, si esa prohibición se hubiera enmarcado en el tema de la pandemia del coronavirus, al afectar las vías respiratorias y colocar a las personas que lo aspiraran en alto riesgo frente al Covid. Pero al no haber planteado ningún argumento de salud, reduciendo todo a lo político, en lo que incurrió Sheinbaum fue en una serie de posibles delitos.
El primero es por omisión, pues el empleo del gas, precisan expertos en el tema, está autorizado en los artículos 14 y 15 de la Ley del Uso de la Fuerza, donde se identifica como “sustancias irritantes en aerosol”; sin excepción, agregó un especialista, “los protocolos no están por encima de la ley”. Adicionalmente, al girar una orden de carácter político, cometió un abuso de autoridad y uno más, probablemente, por el abuso de los derechos humanos de los policías.
Sheinbaum habló con la prensa al día siguiente de la marcha y cuando la cuestionaron sobre la reacción de la policía, notoriamente molesta, justificó que se había actuado con fuerza ante la agresión, donde incluso se intentó prender fuego a algunas policías. Es correcta, bajo cualquier consideración, la reacción de la policía, pero el problema de raíz es que fue la propia jefa de Gobierno quien las llevó a esa situación, al haber prohibido exprofeso el uso de la fuerza, y contra la ley, eliminado del protocolo de seguridad para la marcha el uso de gas lacrimógeno e, incluso, de agua para dispersar.
Por consideraciones políticas, reforzadas por las directrices de López Obrador, anuló lo que expertos llaman el procedimiento táctico que emplea la policía, que tiene como base el uso diferenciado de la fuerza, y violentó el artículo 21 constitucional en lo referente a la fuerza pública. Todo esto lo podría haber evitado Sheinbaum de haberse apegado a la ley y no a necesidades políticas, así como de haber tenido una planeación adecuada de la seguridad en la marcha, con los escenarios y soluciones posibles.
La jefa de Gobierno quedó rebasada por la realidad, en contradicciones retóricas y violaciones a la ley. López Obrador, que comprendió la complejidad en la que se encuentra, dio dos pasos para atrás. Si alguien tiene que responder por lo que sucedió, dijo, será Sheinbaum.