Un caso muy serio de espionaje ha pasado a ser, inexplicablemente, tema de segundo plano ante la banalización del delito y las obscenidades de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con las que respondió a Proceso, de que publicó varios chats que revelaban actos ilegales de sus cercanos contra el líder del PRI, Alejandro Moreno. Sansores agregó que las conversaciones, que sugerían también peculado al financiar campañas electorales, eran un “invento” y los diálogos habían sido fabricados. El último episodio sobre la impunidad de la gobernadora al utilizar información obtenida ilegalmente para sus fines políticos terminó así, en dimes y diretes.
Más de 60 horas de conversaciones telefónicas le fueron proporcionados por el Centro Nacional de Inteligencia para neutralizar a Moreno y obligarlo a aprobar las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sansores, que está alineada con Claudia Sheinbaum en la lucha por la candidatura presidencial, usó intercepciones telefónicas para dañar a uno de los adversarios de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el senador Ricardo Monreal.
Lo que dio a conocer Proceso escaló aún más en el andamiaje del espionaje descarnado en estos tiempos mexicanos, donde es posible violar la ley si se está del lado correcto de la historia, el que narra López Obrador. Sansores refutó el contenido y la manufactura de los chats, que es lo mismo que ella y su equipo han hecho con chats de políticos que ha dado a conocer en el llamado Martes del Jaguar. Pero la esencia de lo publicado no fue refutado, pese a su trascendencia por dar a conocer un presunto centro de inteligencia armado por el fiscal de Campeche, Renato Sales, con un equipo que había sido comprado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El origen del equipo en ese centro de inteligencia que apareció en los chats de marras se rastrea a la Comisión Nacional de Seguridad, que funcionaba en el sexenio pasado como sustituto de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, durante la gestión de Sales, quien fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el 22 de mayo pasado, porque el equipo por el que se había pagado más de 807 millones de pesos, concluyó, nunca llegó a su destinatario.
El equipo, de acuerdo con la ASF, fue gestionado y adquirido entre el 18 de junio y el 30 de septiembre de 2018 a la empresa del israelí Rafael Advance Defense Systems, muy vinculada al Ministerio de Defensa de esa nación, para fortalecer las capacidades técnicas y de operación de la CNS para prevenir delitos. El equipo, que opera con drones, se iba a utilizar en inteligencia científica, investigación, antidrogas y la Gendarmería, que sustituyó a la Policía Federal. De acuerdo con la denuncia a la fiscal María de la Luz Mijangos, nada de esto se cumplió. Sales no fue sancionado porque él no firmó el contrato, pero no se conoce qué hizo la fiscalía.
Ese equipo era el segundo adquirido. El primero se compró a la empresa israelita en 2015, firmado por el entonces jefe de Inteligencia de la Policía Federal, Damián Canales. Esa adquisición no tuvo observaciones por parte de la ASF, como el de 2018, que se convirtió en la primera acción contra la corrupción emprendida en 2019 por el primer secretario de Seguridad Pública del gobierno actual, Alfonso Durazo, quien aseguró que se había cancelado el contrato. Durazo no precisó el nombre de la empresa que vendió el equipo –software y hardware– y sólo dijo que se trataba de una empresa israelita. Tampoco mencionó si al cancelar el contrato se había devuelto el equipo, o qué penalidades se habían tenido que saldar por la terminación anticipada.
Lo que sugirió la publicación en Proceso es que ese equipo nunca fue devuelto. Lo que sucedió, de acuerdo con funcionarios que conocen la ruta del sistema, es que una parte se quedó en lo que hoy es la Guardia Nacional, y otra se regresó al distribuidor de Rafael, un contratista mexicano-colombiano, después de haberse detenido la operación en la aduana en Tijuana. No está claro si, como dicen los chats, en efecto, está en el centro de inteligencia de la gobernadora Sansores, y fue el utilizado para intervenir las comunicaciones de Moreno, aunque algunas de ellas no fueron interceptadas, sino que se lograron mediante la activación remota del audio.
La trivialidad con la que se ha manejado todo el caso es inverosímil. Debe investigarse si Sales se llevó el equipo, como dice Proceso, pese a que nunca manejó directamente el sistema Rafael en el CNS, pero tampoco se ha desmentido que terminara al servicio de Sansores. Pero aun suponiendo que el espionaje a Moreno y a otros políticos no salió de un centro de inteligencia en Campeche, no anula los actos ilegales sistemáticos de la gobernadora Sansores al dar a conocer intervenciones ilegalmente obtenidas.
El espionaje campechano nunca lo investigó la Fiscalía General, pero el Tribunal Electoral abrió un camino importante al dictar una sentencia el año pasado, donde habla de la intervención ilegal de la plataforma de WhatsApp. Meta, su matriz, podría denunciarla en tribunales, como recomendó el Tribunal Electoral, y replicar lo que hizo contra la empresa israelita NSO en Estados Unidos por espiar a políticos y periodistas.
Si lo hace, forzará una investigación sobre el espionaje que está encubriendo el gobierno mexicano, y podrían abrirse los chats difundidos por Sansores con una orden judicial en Estados Unidos, que es su jurisdicción, para establecer cómo se realizó el espionaje y los orígenes de la intervención de las comunicaciones.
La gobernadora es una delincuente confesa, y de proceder la investigación en Estados Unidos, Sansores no sería la única que podría pagar las consecuencias, sino también las áreas federales que presuntamente realizaron el espionaje, y los responsables en autorizarlos o tolerarlos, donde quedarían en entredicho no sólo el fiscal Gertz Manero, sino el propio Presidente de la República.