Mientras acompaña a los presidentes del ALBA (Alianza Bolivariana para América) –incluyendo a grandes estadistas como Daniel Ortega y Nicolás Maduro–, y a uno que otro dictador tropical, el presidente Peña Nieto tuvo el tino de replegarse en su absurdo intento de imponer al próximo fiscal General de la Nación. Ojalá tuviera el mismo instinto para los asuntos externos, que simplemente no se le dan.
Como ya se ha explicado por comentócratas más versados en el asunto que yo, las reformas constitucionales (con sus transitorios) que crean la Fiscalía General, prevén, por ahora, que quien ocupe el cargo de procurador General de la República en el momento de aprobarse la legislación secundaria correspondiente, en automático ocupará el cargo de fiscal, durante nueve años.
En otras palabras, como estaban las cosas, Raúl Cervantes, el recién nombrado y ratificado titular de la PGR, de mantenerse en el cargo hasta que se aprobaran las leyes secundarias, se convertiría en el primer fiscal General, y lo sería bajo Peña Nieto y sus dos sucesores. Casi tan buena chamba como la que originalmente buscó Cervantes: ministro de la Suprema Corte.
Cervantes no alcanzó esa responsabilidad, en parte porque se gestó una reacción vigorosa y oportuna de organizaciones de la sociedad civil para cerrarle el camino. Ahora ha sucedido de alguna manera lo mismo. Varios activistas, académicos, columnistas y hasta algunos legisladores o líderes de partidos se han opuesto al llamado “pase automático” de Cervantes. Sostienen, con algo de razón, que alguien tan cercano al PRI y a Peña no ofrece las garantías necesarias de autonomía.
Han considerado, también con algo de razón, que su designación obedece más bien al propósito de cubrirle las espaldas a EPN y a sus colaboradores, una vez que abandonen el gobierno, y no a construir una Fiscalía que no sea un mero gato revolcado de la PGR. Le ganaron las vencidas a Peña.
El problema es que la iniciativa de ley enviada ayer por EPN, casi desde La Habana, y que deroga el “pase automático”, permite que el procurador en funciones participe en la “contienda” para fiscal. Cervantes podrá ser candidato, siendo titular de la PGR.
De suerte que si los partidos de dizque oposición –PAN y PRD– vuelven a someterse a Los Pinos y al PRI, volverán a votar por Cervantes. Lo harán porque el sistema de cuotas y cuates del Senado –muy en particular– es parte de la profunda corrupción que arrastra la partidocracia. Cervantes fue procurador, y ya iba a ser fiscal, no porque Peña lo quiso, sino porque el PAN y el PRD lo aceptaron.
De allí el problema del activismo de la sociedad civil, cuando no desemboca en cambios electorales, tanto en el Legislativo como en la Presidencia. Los chamaquean los feroces grillos de la partidocracia. Así les sucedió con el Sistema Nacional Anticorrupción, así les ocurrió con la Fiscalía, y así les acontecerá con la otra Fiscalía: la de Anticorrupción.
Elecciones sin una sociedad civil organizada, potente y dotada de recursos, no bastan para cambiar a un país. Pero una sociedad civil renuente a comprometerse en el proceso puro y duro de las contiendas electorales, tampoco.