Fue patética la reacción del equipo del presidente ante las denuncias hechas en el artículo del New York Times, señalando que el gobierno federal estaría involucrado en el espionaje de periodistas y líderes sociales. También un ejemplo claro de que el instinto de supervivencia política no empuja ni al presidente, su gabinete y el mismo PRI para tomar los pasos necesarios para dar la apariencia de ser un gobierno responsable.
¿Quién le recomendó al presidente del país-donde ejercer el periodismo es una de las profesiones más peligrosas del planeta, y que lo acusan de espiar periodistas, que su respuesta debe de reducirse a una carta, mal redactada? Además de que lo firma un funcionario de tercer nivel en la Presidencia, en la carta que se envió al editor del New York Times le pide el favor de que les digan a las víctimas del espionaje que denuncien.
Fue tan mala la reacción del gobierno federal ante las graves acusaciones de espionaje que la conclusión a que podemos llegar es que sí están usando el famosos Pegasus para espiar periodistas y líderes sociales. La pregunta es cuántas personas más estarían siendo víctimas de este spyware. No dudemos que habrá una desbandada de periodistas, funcionarios, activistas y sobre todo criminales que buscarán servicios de “limpieza de Pegasus, otros spywares y otras cosas peores”.
El software que fue usado para espiarlos se llama Pegasus, el cual fue desarrollado por la compañía israelí NSO Group y vendido al gobierno mexicano. La demanda alega que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional están entre los órganos gubernamentales que adquirieron el spyware. Hasta la fecha el gobierno de México no ha negado que compró este spyware.
Si es que el gobierno usó el famoso Pegasus para espiar periodistas y activistas, ahora se volverá un arma inútil para perseguir los que deberían de haber sido los objetivos reales: terroristas y criminales. En una conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de México, se reveló que se han dado 88 casos de intento de espionaje en contra de periodistas y trabajadores de derechos humanos a través del uso de spyware, lo cual está documentado por investigadores.
Y parte del problema que tiene Peña Nieto es que su gabinete y el PRI están más ocupados en hacer campaña y grilla entre sí, para eventualmente en algunos meses elegir un candidato o candidata del tricolor, sin capacidad de poder hacer campaña sin atacar ferozmente al presidente Peña.
No les preocupa gobernar, mucho menos proteger el legado histórico –si es que queda algo de ese legado del presidente–, ante la guerra intestina que habrá dentro del PRI, los posibles candidatos y los enemigos de Peña y su gabinete. Los escándalos se irán acumulando y el “lame duck” del presidente tendrá poca capacidad de reaccionar y ahora sí, nadie saldrá a defenderlo.
En un país normal, estas y otras acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos, espionaje y corrupción hubieran merecido una respuesta de alguien del gabinete, asegurando en una forma contundente que en México no se espía, menos a periodistas y activistas sociales, haciendo un llamado para protegerá los derechos y asumiendo el costo político de mentir.
En el caso de las acusaciones del NYT debería de hacer presencia por ejemplo, el encargado de la Seguridad Nacional e inteligencia del país –el secretario de Gobernación. Pero obviamente Miguel Ángel Osorio Chong no puede salir enfrentar las acusaciones del NYT, porque todavía busca la candidatura de su partido para la Presidencia.
Si hubiera la voluntad de investigar, encontrar quiénes y cómo están llevado a cabo el espionaje es relativamente sencillo. Lo único que tiene que hacer la PGR es demandar que la empresa NGO Grupo detalle para la investigación quiénes en México tienen su software y en contra de cuáles teléfonos celulares se usó Pegasus.
Si no fueron entidades gubernamentales los que hicieron el espionaje, entonces con más razón debería esta empresa israelí proporcionar información, ya que violó sus supuesto convenio de no vender este spyware para usos que no tuvieran que ver con la persecución de terroristas y criminales. Al tener la información, se tendrá que perseguir penalmente si este espionaje no se hizo con orden judicial.
Literalmente pusieron en jaque al procurador Raúl Cervantes, quien no sólo tendrá que demostrar porqué no avanza la investigación y no hay inculpados, y si se protege al gobierno. Lo interesante es que este tipo de investigación lo podrá continuar la siguiente administración, que seguramente encontrará la forma de vincular quiénes compraron el spyware y cómo lo usaron.
Así de sencillo.