Ferrosur, una empresa de Grupo México propiedad de Germán Larrea, informó que se encuentra en negociaciones con el Gobierno federal para lograr un acuerdo tras la toma de sus instalaciones en Coatzacoalcos por parte de la Marina.
Indicó que, en caso de no alcanzarlo, la expropiación temporal se convertirá en permanente, una situación que afectará a la empresa.
En un informe publicado este domingo, la empresa dijo que ya había llegado a un acuerdo con el Gobierno a principios de 2022 vía las secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes, el cual implicaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa que sería entregada a la Marina para su uso en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Ferrosur agregó que, tras la firma del acuerdo, Grupo México comenzó las obras de construcción. Sin embargo, el acuerdo fue desechado por el Gobierno federal meses después.
“La negociación enfrenta una circunstancia difícil ante la publicación del decreto de ocupación y la intervención de personal armado en sus instalaciones”, remarcó Ferrosur.
Bajo ese escenario y de no llegar a un acuerdo en la negociación, la ocupación temporal se convertirá en definitiva, en deterioro de la empresa, sus empleados, clientes, y del libre mercado, aseguró la ferroviaria.
El nuevo decreto presidencial es una preocupante señal a la inversión y la acción debe ser revisada para determinar si se apegó a la legalidad y no fue una arbitrariedad, manifestó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Los primeros en acatar la ley, porque así lo juramentaron, deben ser los servidores públicos. La señal que envía el Gobierno de México al exterior es muy alarmante y puede propiciar un daño irreparable a la certidumbre jurídica y a la confianza para la inversión”, alertó.
Calificó como “inconcebible” la respuesta del Gobierno federal de declarar de seguridad nacional las obras de infraestructura para evitar que estén sujetos a la transparencia, al acatamiento de normas y a la supervisión ciudadana, luego de que la Suprema Corte declaró la invalidez del acuerdo presidencial por medio del cual el Gobierno se autorizaba a sí mismo violentar las normas con tal de realizar sus proyectos prioritarios.
“Es de extrema preocupación para el país el clima de reiterada violación a la legalidad y al orden constitucional. Las leyes se crearon para darle orden y cohesión a nuestra sociedad, por lo que es totalmente reprobable que desde la autoridad se pretenda romper con ello”, instó.