El presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con un Plan B que consiste en reformar seis o siete leyes secundarias y reglamentarias para “transformar al sistema electoral mexicano”, sin tocar la Constitución. El problema es que esta disposición no le permitirá cumplir con algunos de sus objetivos planteados inicialmente pues requieren necesariamente de una modificación constitucional.
El propio presidente explicó las limitaciones de su Plan B:
REDUCCIÓN DE DIPUTADOS
En la iniciativa de reforma electoral, López Obrador planteó desaparecer a los 200 legisladores plurinominales de la Cámara de Diputados; sin embargo, esto no será posible cumplirlo a través de la modificación a leyes secundarias.
La Cámara baja se integra por 500 diputados, 300 electos por mayoría relativa en los 300 distritos electorales del país, llamados uninominales y 200 electos por el sistema de representación proporcional, conocidos como plurinominales.
Para que un partido político pueda participar en la elección de diputados por el principio de representación proporcional, debe acreditar que ha registrado candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa (o sea, por voto directo) en cuando menos 200 de los 300 distritos uninominales.
Si cumple con este requisito, el partido político puede registrar sus listas regionales de candidatos en las cinco circunscripciones plurinominales. Estas listas contienen 40 fórmulas, es decir, el nombre de titulares y suplentes de la diputación plurinominal
ADIÓS AL RECORTE DE RECURSOS A PARTIDOS
La reforma proponía que los partidos políticos solo recibieran dinero público para gastos de campaña y ya no un pago mensual como ocurre en la actualidad. También establecía una regulación a las aportaciones de terceros a las formaciones políticas.
CARGOS EN EL INE VAN POR EL VOTO POPULAR
La reforma electoral pretendía que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral fueran elegidos mediante voto popular y no a través de las y los legisladores.
Actualmente los 11 consejeros del INE son designados por votación de la Cámara de Diputados. La o el candidato debe obtener dos terceras partes de los votos de la Cámara baja.
Mientras que los magistrados son propuestos en terna por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el Senado para ocupar uno de los siete asientos del Pleno del Tribunal. Para ser elegida/o, la persona debe obtener dos terceras partes del voto de la Cámara alta.