Porque la 3de3 ha vuelto a ser tema de conversación gracias a Alejandra Barrales
Si México tiene un talón de Aquiles, ese es la transparencia, tema que ha vuelto a los reflectores luego de que la líder nacional del PRD, Alejandra Barrales, fuera acusada de omitir información en su declaración #3de3.
Este lunes se reveló que la extitular de Educación capitalina posee un departamento en Miami, Florida, valuado en más de 14 millones de pesos, mismo que omitió reportar en sus declaraciones fiscal, patrimonial y de interés presentadas ante el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana. Y bueno, sabemos que una duda viene a tu cabeza: ¿la información que se presenta en la #3de3 se comprueba?
La respuesta es no. Actualmente, la plataforma conocida como #3de3 (declaraciones patrimonial, fiscal y de interés) se trata de un acto de fe y confianza.
Para subir la declaración patrimonial, fiscal y de intereses de los funcionarios que decidan sumarse a la iniciativa, como fue el caso de Barrales, la plataforma no contempla dentro de sus responsabilidades la verificación de la información que reciben, pero sí checan que esta esté completa con base en sus propios formatos.
"Nosotros nos fijamos literalmente en los campos del formato y que sean coherentes la declaración patrimonial y de intereses", indica Alexandra Zapata, integrante del IMCO y coordinadora del proyecto 3de3, en entrevista con Nación321.
¿Y por qué no se revisa? Porque esto es prácticamente imposible, asegura.
"No hay manera humana, necesitaríamos tener toda la infraestructura de una secretaría federal para validar estos documentos (...) de ninguna manera checamos que la información sea verídica, tendríamos nosotros que tener acceso a bases de datos confidenciales a las que no tenemos acceso".
Es por esto que quienes decidan presentar su #3de3 deben firmar una carta en donde se comprometen a entregar información completa y veraz.
"Al entregar los documentos y firmar la presente carta confirmo, bajo protesta de decir verdad, que la información presentada en las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal es veraz y completa", se lee en la carta que los declarantes firman, en la cual también se estipula el permiso que dan al IMCO y a Transparencia Mexicana de publicar en su plataforma web la información entregada.
"Literalmente todos los datos son responsabilidad del declarante".
Entonces, ¿no hay forma de saber si lo que declaran tener los funcionarios y políticos es lo que realmente tienen?. La respuesta es: hay que tener confianza en los 923 funcionarios que hasta este 21 de marzo han compartido su #3de3 en la plataforma del IMCO y Transparencia Mexicana.
¿QUÉ DICE LA LEY?
Hasta hoy, los funcionarios tienen la obligación de informar a la autoridad sobre su patrimonio; sin embargo, no están obligados a hacerlo público para que todos los ciudadanos podamos conocerlo. Es decir, quienes se suman a la iniciativa ciudadana #3de3 lo hacen por voluntad y no por obligación.
Uno de los pilares del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la cual se obliga a los servidores a declarar sobre su patrimonio, posibles intereses y pago de impuestos. Sin embargo, dicha ley entrará en vigor hasta julio de 2017, tal y como lo marcan los artículos transitorios del decreto publicado el 18 de julio de este año. Además, falta que el Comité Coordinador del SNA emita los lineamientos, decretos y resoluciones al respecto.
"Este Comité Ciudadano va a ser realmente la cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción. Va a determinar cuáles serán los rubros públicos de las tres declaraciones. Ellos van a decidir qué, por ley, se hará público. Nosotros tenemos la esperanza que sean rubros que realmente le permitan a la ciudadania entender cómo evolucionan los intereses y el patrimonio de su clase política", explica Alexandra Zapata.
Pero en lo que eso sucede, los funcionarios no estarán obligados a compartir con la sociedad su #3de3.