Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control federal que encabeza la audiencia en la que se imputará a Ricardo Anaya, certificó que el excandidato presidencial panista no ha tenido acceso a la carpeta de investigación.
Por ello, y en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, el juez determinó cancelar la audiencia de este jueves y reprogramarla para el día lunes 4 de octubre, a las 9:00 hrs.
En la audiencia se hizo la aclaración de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional.
Asimismo, al dar inicio a la audiencia, el juzgador declaró, en principio, sin materia un recurso de revocación que solicitó Anaya pues alegó anomalías en la notificación para la celebración de la audiencia.
Esto, debido a que Anaya ratificó ya la designación de sus defensores, por lo que la firma plasmada en el acuerdo de notificación alegada dejó de ser trascendente.
En punto de las 11:15 horas dio inicio la audiencia en la que la Fiscalía General de la República imputara a Ricardo Anaya, excandidato presidencia del PAN, de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
La audiencia se realizó por videoconferencia y en ella sí está conectado Ricardo Anaya, quien hace algunos días anunció su autoexilio.
De acuerdo con la FGR, en 2014 Anaya recibió 6.8 millones de pesos por parte de Emilio Lozya, exdirector de Pemex, a cambio de votar por la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Al dar a conocer una versión pública y resumida de la imputación que formulará este jueves contra Anaya Cortés, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero dijo que la entrega del dinero se hizo a través de gente cerca de Lozoya.
“Emilio ‘N’, en su denuncia de 2020, señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo ‘N’, para que votara a favor de la Reforma Energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil”, dijo la FGR.
Señaló que la secuencia de todas las diligencias señaladas, “evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.