De forma reciente fue avalada en el Congreso de la Unión la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que, entre otras cosas, plantea la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados.
Aunque este cambio a la Constitución aún está en miras de concretarse, pues falta el aval de por lo menos 17 congresos locales, lo cierto es que ha generado gran polémica entre los opositores, que acusan que la aplanadora morenista, con sus aliados del PT y PVEM, se está imponiendo y haciendo cambios radicales a la Constitución.
Pero, ¿Qué tan cierto es esto?
Según información de propio gobierno federal, en su sexenio, López Obrador ha hecho 63 cambios a la Constitución, un número mucho menor que el de sus dos predecesores, Enrique Peña Nieto (PRI) y Felipe Calderón (PAN).
En este contexto vale la pena decir que estos cambios generalmente sirven para respaldar los proyectos de gobierno de cada mandatario en turno y en el caso de AMLO no ha sido la excepción, por ello, en Nación 321 te contamos sobre las reformas constitucionales que ya se concretaron y más han llamado la atención en el sexenio de la López Obrador.
LA PENSIÓN UNIVERSAL
A finales de 2021, el Congreso de la Unión avaló un proyecto de decreto para establecer en la Ley el derecho de las personas adultas mayores a recibir una pensión no contributiva por parte del Estado mexicano.
La reforma, que fue impulsada por Morena, planteó que las personas adultas mayores de 68 años tienen derecho a recibir esta prestación, conforme al artículo 4 de la Constitución, y que, en el caso de indígenas y afrodescendientes, se otorgaría a partir de los 65 años. También se logró garantizar que el monto del apoyo social se incremente año con año.
En este mismo sentido, AMLO ha llamado a que este cambio sea 'reforzado' en el gobierno de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, modificando la Ley, para que, constitucionalmente, se obligue por Ley a que esta pensión sea a partir de los 65 años.
Por su parte, Sheinbaum ya anunció que buscará hacer constitucional otra reforma, que garantice que las mujeres de 60 a 64 años reciban un apoyo social especial.
FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR
En abril de este 2024, se avaló el proyecto de decreto por el que se reforman diversas leyes con el objetivo de crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que garantiza recursos para la entrega de programas sociales.
Aunque no es una reforma constitucional, si forma parte fundamental de otra que entra de esta categoría y establece cambios al sistema de pensiones para que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% de sus sueldos, con un tope hasta el salario promedio anual que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Lo polémico es que ese fondo está constituido, en parte, con los recursos de las Afores no reclamadas de hace años.
LA GUARDIA NACIONAL
La creación de la Guardia Nacional, que fue cuestionada por la oposición bajo el argumento de evitar la militarización del país, fue avalada en un hecho histórico en febrero 2019, mediante una iniciativa de reforma constitucional.
Aunque su creación se explicó como un cuerpo civil, en agosto de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, por acuerdo de la Presidencia de la República, la Guardia Nacional pasaría a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El argumento, es que bajo vigilancia militar, este cuerpo de seguridad se mantendría "incorruptible".
Pero esa decisión tuvo poca vigencia y fue impugnada, por considerar ilegal que un cuerpo civil tenga un mando militar.
No obstante, el Presidente no se ha dado por vencido y nuevamente impulsó este cambio en una iniciativa de reforma constitucional presentada el pasado 5 de febrero. Actualmente la iniciativa esta pendiente en tanto sea discutida por la nueva legislatura.
LA LEY DE AMPARO... ¿Y EL TREN MAYA?
¡Aquí te va un bonus!
En abril de 2024 se avaló la Ley de Amparo, la cual limita la capacidad de los jueces para la suspensión de leyes, reformas u obras impugnadas mediante el juicio de amparo.
Aunque no se trata de una reforma de corte constitucional, si es muy relevante, ya que evita que los jueces puedan echar para atrás resoluciones que afecten a los proyectos prioritarios del gobierno federal y que van desde los programas sociales hasta obras como el Tren Maya.