La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto el traspaso de operaciones y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Por ocho votos a tres, los ministros estimaron que el decreto emitido en septiembre de 2022 viola el artículo 21 constitucional. En su participación, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que el decreto “es un fraude a la Constitución federal afirmar que esa institución policial (GN) conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial si sus integrantes son militares en activo sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario militar desarrollando funciones militares y actuando bajo la norma militar".
Quienes votaron por la declararon por la inconstitucionalidad del decreto fueron los ministros Juan Luis González (ponente); Luis María Aguilar, Javier Laynez, Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayán, y las ministras Margarita Ríos Farjat y la presidenta Norma Piña.
En contra del proyecto y por la constitucionalidad del decreto votaron Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar.Luis María Aguilar, coincidió con el proyecto del ministro González en el sentido de que dicha transferencia “vacía de contenido” el mandato constitucional de que la Guardia Nacional quede adscrita a la autoridad civil, es específico, la SSPC.
Javier Laynez estimó que el dar el control operativo y administrativo de la GN a la Sedena significa un “fraude a la Constitución”. Dijo que, si bien la reforma no tocó el artículo Cuatro de la Ley que dio origen a la GN, esto es meramente de forma.Y es que aseguró que la adscripción de GN a la SSPC se reduce a una adscripción formal pero no material ni sustantiva. “Es una readscripción y, técnicamente, un fraude la Constitución”, aseguró.
Margarita Ríos Farjat señaló que el decreto deja en entredicho el carácter civil y adscripción de la GN a la SSPC. “Esto pone la unidad jerárquica y desarrollo de la administración pública implicando un riesgo de seguridad jurídica para la sociedad, porque hay una dependencia que responde a dos dependencias, una civil y una castrense”.
En contraste, el ministro Arturo Zaldívar se refirió a la “notoria mala fe” de las críticas que recibió en medios de comunicación y redes sociales por su posición en torno al tema y su dicho relacionado con que la Marina y Sedena son instituciones civiles.
Defendió su postura y dijo que la parte militar de esas dependencias es el Ejército y la Marina-Armada, por lo que la adscripción de la GN a la Sedena no significa una militarización ni una violación a la Carta Magna.