La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai), se ha negado a abrir los expedientes solicitados sobre el caso de Mario Aburto, quien se encuentra preso por ser señalado como el autor material del asesinato del excandidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, por lo que emprenderá una batalla legal. Esto, con el fin de lograr que en todas las resoluciones de ese Instituto se imponga la prevalencia de los derechos humanos.
A través de un comunicado, el organismo aseguró que el Inai “ha estado pretendiendo que la CNDH dé cuenta de elementos de prueba que serían clave en la apertura de una investigación de los hechos sucedidos el 23 de marzo de 1994 (por los que Mario Aburto está preso), por lo que vamos a iniciar una batalla legal para lograr que en todas las resoluciones de ese Instituto se imponga la prevalencia de los derechos humanos, es decir, el interés de aquellas personas que tienen la calidad de víctimas”.
La CNDH aclaró que declara su respeto al Inai, en su calidad de garante del acceso a la información, pero reclama respeto a su calidad de garante de los derechos humanos. No puede ni debe haber contradicción entre una y otra tareas.
“Tampoco es posible que el Inai pretenda poner en riesgo un caso que no está resuelto, que mida con doble rasero sus resoluciones de información; pues mientras por un lado se niega a dar a conocer los bienes y el origen de la riqueza de algunas personas, invocando los artículos 6º y 16 de nuestra Constitución, por otro, extrañamente pretende obligar a la CNDH a exponer los intereses, y en este caso incluso, el debido proceso de una víctima, que además se encuentra en esa calidad, debido a una recomendación”, expresó.
Asimismo, la CNDH denunció que "personas particulares con claros intereses políticos y comerciales, están obstaculizando el cumplimiento de su Recomendación 48VG/2021 - para abrir una investigación del caso Colosio-, la cual fue emitida el 25 de octubre y aceptada en el mes de diciembre de 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR) y por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS)".
Enfatizó que las interferencias en este caso provienen de personas -que no son funcionarios- quienes están obstaculizando la apertura de una investigación seria y apegada a derecho sobre los hechos que motivaron la detención de la víctima el 23 de marzo de 1994.