El Gobierno de México clausuró la extracción de piedra caliza por parte de la empresa minera Calica, filial de la compañía estadounidense Vulcan Materials, en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Las autoridades informaron mediante un comunicado que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección en La Rosita, predio de la empresa Calica, ubicado en Playa del Carmen.
La visita de inspección fue para verificar si la compañía cumplía o no con las normas ambientales federales, en relación al uso de suelo en terrenos forestales, así como el posible impacto ambiental por las obras que se han construido en el sitio.
“Derivado de la inspección se advirtió la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio”, indicó la Semarnat en el comunicado publicado este viernes.
La dependencia explicó que la explotación de este tipo de piedra debajo del manto freático ha causado daños graves al medioambiente.
Además, destacó que ya en 2017 y 2018 la Profepa había clausurado y sancionado a la minera Calica por el aprovechamiento de la roca caliza en El Corchalito, bajo las normas del entonces vigente Tratado de Libre Comercio de América Latina.
Más temprano este viernes, la empresa Vulcan Materials acusó que el Gobierno de México ha operado de manera “ilegal” al ordenar el cese inmediato de la extracción y explotación de las canteras submarinas en Quintana Roo.
“Esta acción del gobierno mexicano es ilegal. La compañía tiene los permisos necesarios para operar y tiene la intención de buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales”, señaló la empresa estadounidense en un comunicado.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Vulcan Materials, a través de su filial en México, Calica, sigue extrayendo material pétreo de Quintana Roo de manera ilícita, al no contar con los permisos para ello. Incluso, ha amenazado con irse a tribunales internacionales si la compañía no acata la orden de parar sus actividades.