Porque organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en contra de esta ley
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá este jueves si la Ley de Seguridad Interior, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es inconstitucional o no.
Para que eso ocurra, se necesitan al menos 8 votos de los ministros, pero hay que recordar que en la sesión del martes pasado 6 de ellos ya votaron en contra de la ley, por lo cual solo faltan dos para declararla inconstitucional.
Pero, ¿por qué es tan polémica esta norma? A continuación te explicamos las preocupaciones que diversas organizaciones de la sociedad civil tienen sobre esta ley impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
¿QUÉ PERMITE ESTA LEY?
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2017. Se trata de una norma que establece un marco jurídico para la actuación del Ejército y la Marina para combatir a la delincuencia en zonas específicas del territorio nacional.
Esta ley faculta al presidente en turno para emitir una declaratoria de protección a la seguridad interior para hacer frente a una amenaza. Dicha declaratoria faculta, por no más de un año, a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas federales, como la Policía Federal, para intervenir cuando las autoridades locales se vean rebasadas por la delincuencia.
En las zonas donde se aplique esta ley, será un militar el que asuma el mando de la seguridad así como quien coordine a las fuerzas militares y civiles. Además, toda la información que se genere con la aplicación de esta ley será considerada como tema de seguridad nacional.
Aunque ya está en vigor, el presidente Enrique Peña Nieto decidió que no aplicaría esta ley sino hasta que la SCJN determinara si es inconstitucional, pues ha sido impugnada por miembros de las sociedad civil.
¿QUÉ SE LE CRITICA?
Desde que era una iniciativa de ley, diversas organizaciones civiles que se manifestaron en su contra formaron el colectivo #SeguridadSinGuerra.
Entre las principales críticas de activistas, académicos y otros miembros de la sociedad a esta ley están los señalamientos de que abre la puerta a la militarización del país, al poner la seguridad pública en manos de las Fuerzas Armadas y no de civiles.
Además, los opositores a la Ley de Seguridad Interior aseguran que viola la Constitución mexicana, así como diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, además de que perpetúa un modelo de seguridad que, consideran, es fallido. Uno de los argumentos en ese sentido son los récords de homicidios que México ha roto desde que inició la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006 con el gobierno de Felipe Calderón.
Otra preocupación del colectivo #SeguridadSinGuerra, es que al clasificarse como tema de seguridad nacional la información que genere esta ley, se abone a la opacidad del actuar de los militares que ejerzan tareas de seguridad pública.
¿QUÉ DECIDIRÁ LA SCJN?
Como te mencionamos, la Ley de Seguridad Interior fue impugnada y será la Sala Superior de la SCJN, integrada por once ministros, la que decida en una votación si es inconstitucional.
El pasado martes se llevó a cabo la primera sesión de la SCJN en donde se discutió esta norma y seis ministros se pronunciaron a favor de anular y declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Sus argumentos fueron que la intervención de las Fuerzas Armadas debe ser excepcional, que con ella hay riesgo de abusos a los derechos humanos y que existen vicios en el proceso legislativo de su aprobación.
Este jueves, los cinco ministros restantes de la SCJN emitirán su voto. Se requieren un total de ocho votos para anular la Ley de Seguridad Interior, es decir, solo falta que dos ministros más se expresen en ese sentido para declarar inconstitucional esta ley, que ha sido criticada desde su origen por la sociedad civil mexicana.