¿El alumno superó al maestro?
Un alumno egresado de carrera de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán le ganó el primer amparo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para evitar el pago de un diplomado, con el que pretende titularse.
El alumno Abraham Cano argumentó que el cobro de esta modalidad de titulación en la Máxima Casa de Estudios no sólo va contra los derechos humanos, si no que es inconstitucional, pues viola tanto artículos de la Constitución como de la Ley General de Educación Superiores emitida en 2019.
"Me di cuenta que había una violación a derechos humanos. Yo tengo ese derecho y ellos tienen la obligación de hacerlo, pero me están cobrando y me están diciendo que no puedo acceder a un diplomado para titularme, sino pago cierta cantidad de dinero", comentó.
Los diplomados de titulación dentro de la UNAM superan en general los 20 mil pesos, un precio difícil de pagar para algunos estudiantes. Además de que, señaló, existe poca transparencia sobre el destino de los recursos.
"La UNAM tiene una cuenta común en la que le depositamos desde el cobro del diplomado hasta el cobro de exámenes extraordinarios", explicó.
En 2019 se reformó el artículo 3 de la Constitución Política de México y se consideró la obligatoriedad de la Educación Superior, creándose más adelante la Ley General de Educación Superior que rige también a las universidades públicas autónomas.
La UNAM, al ser una institución que recibe recursos del gobierno mexicano, se ve obligada a atenderse a las leyes y reglamentos del Estado, más allá de su autonomía.
"A veces pensamos que como (la UNAM) es autónoma, se sustrae de lo que dice en el Estado o de las leyes. Incluso hay personas que me han dicho que no la regulan las leyes mexicanas, pero claro que la regula. Su presupuesto viene del Estado", explicó el egresado.
De hecho la Ley señala que como parte del principio de gratuidad, el Estado buscará eliminar progresivamente cobros de instituciones públicas inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias, en los programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado.
El amparo de Cano, señala en específico que existe una "omisión de garantizar el derecho fundamental a la gratuidad en la educación superior, al condicionar el acceso a la titulación bajo cualquier modalidad al cobro bajo cualquier denominación para inscribirse a los diplomados con opción de titulación del Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (CEC)".
Pese a que la universidad negó que esto fuera válido, un juez le otorgó a Cano un suspensión definitiva que hoy en día le permite cursar clases del diplomado, sin aparente distinción de sus compañeros.
"No podemos seguir esperando, quedándonos callados a este tipo de corrupciones que en realidad no sabemos dónde va el cobro de los diplomados", señaló en entrevista para Fórmula.
Aunque la sentencia oficial de su caso saldrá hasta el próximo 14 de marzo, Cano considera que si puede dejar un precedente en el que los estudiantes puedan ejercer sus derechos, lo hará. Sobre todo porque las complicaciones económicas muchas veces impiden a los universitarios titularse por esta opción, indicó.