La cantante colombiana Shakira alcanzó un acuerdo con las autoridades españolas para evitar el riesgo de ir a prisión por fraude fiscal, a cambio aceptó pagar una millonaria multa: “Mis hijos me lo han pedido, por ellos he tomado esta decisión”, afirmó la artista al comparecer ante un tribunal.
Luego de cinco años de reiterar su inocencia, Shakira se presentó en la Audiencia de Barcelona para poner fin, en sólo ocho minutos, a un juicio que tenía contemplados a más de 100 testigos durante semanas, incluso se presentaría su expareja Antonio de la Rúa a declarar.
Acompañada de sus abogados y varios policías, la cantante llegó con traje rosa y gafas de sol, mientras afuera del tribunal sus fans pedían “justicia para Shakira”.
Shakira dijo al juez que presidía el caso, José Manuel del Amo, que aceptaba el acuerdo alcanzado con la fiscalía: contestó “sí” para confirmar que reconocía los seis cargos por no pagar al fisco español 14.5 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014.
Antes del acuerdo, la Fiscalía pedía ocho años y dos meses de cárcel más una multa de 23.7 millones de euros, pero esto se queda en la mitad de los 14.5 defraudados. Es decir, la colombiana debe pagar una multa de 7.3 millones de euros.
En concreto, la querella sostiene que la cantante defraudó a la Agencia Tributaria española 5.3 millones del impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF), correspondientes a los ingresos que percibió por su gira de 2018 “El Dorado” y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773 mil 600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros.
Para defraudar al fisco, sostiene la Fiscalía, la querellada se sirvió de un entramado societario y presentó “declaraciones inveraces” del IRPF, en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar a Hacienda.
Según la denuncia, Shakira cobró parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo con la que firmó varios “contratos simulados”, de forma que se benefició de una tributación “muy reducida” que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1.39%.
Esa firma luxemburguesa, en opinión de la Fiscalía, “era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales” que no llegó a desempeñar actividad alguna, más allá de una “intervención meramente formal y administrativa”.
También refiere la querella que Shakira utilizó otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para “contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes” a su gira “El Dorado” -que incluyó 53 conciertos en 22 países-, pese a que la firma carecía igualmente de actividad real.