La Guardia Nacional, cuerpo civil que se creó como la principal apuesta de la 4T contra la violencia, llega a su segundo aniversario con la sombra de masacres del crimen organizado en el país y un futuro incierto ante la propuesta del Presidente de ser incorporada a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Lisa Sánchez, dirigente de México Unido contra la Delincuencia, afirmó que, de materializarse lo que quiere el Presidente, "ya podríamos pensar en desaparecer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque se quedaría con poquísimas funciones, tal vez con la administración de los penales".
Consideró lamentable que la secretaria Rosa Icela Rodríguez "no haya peleado mucho más la atracción de las facultades que constitucionalmente tiene de comandar la Guardia Nacional, de ordenarla y capacitarla, lo que constituye una gran evasión de la responsabilidad civil respecto a la seguridad pública".
De acuerdo con datos obtenidos por El Financiero, la Guardia Nacional cuenta este año con un presupuesto de 5 mil 32 millones 592 mil 484 pesos, una fuerza operativa de 99 mil 946 elementos, la mayoría militares, y 214 coordinaciones regionales.
De los 248 cuarteles programados en los primeros tres años de gobierno, 164 están terminados y 84 en construcción; respecto al reclutamiento se cumplió la meta de 2019 y 2020 de ingresar a 21 mil 170 y 21 mil 430 elementos, respectivamente, mientras para 2021 se tienen programados 14 mil 400.
En la convocatoria de 2019, se prometía que después de cinco años de pertenecer a la Guardia Nacional, los militares integrados a la corporación podrían darse de baja de las Fuerzas Armadas y darse de alta como civiles, respetándose el rango homologado que les correspondiera o bien reintegrarse a la milicia.
Sin embargo, esta corporación cumple dos años del inicio formal de operaciones con el proyecto de que forme parte de la Sedena y en el contexto de una oleada de violencia exacerbada con masacres en Tamaulipas, Guanajuato y Zacatecas y cruentos enfrentamientos en Michoacán.
Cristina Reyes, abogada de MUCD, aseguró que es muy preocupante que el gobierno siga ignorando las cifras tan alarmantes de homicidios, desapariciones forzadas y otras violaciones graves a los derechos humanos. “El retiro del Ejército y el fortalecimiento de las policías civiles debe ser prioritario".