La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que apelará la decisión de Faustino Gutiérrez Pérez, Juez de Amparo en Tamaulipas, que canceló la orden de aprehensión contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas.
Dijo que la decisión es “notoriamente alejada del derecho y del más elemental sentido de justicia”, por lo que no solo apelará la decisión, sino que analizará posibles acciones legales contra el Juez Gutiérrez Pérez.
En un comunicado, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero, aseguró que el propósito de combatir los delitos cometidos por altos funcionarios, bajo esquemas de corrupción e ilicitud, se ve afectado por decisiones judiciales que atentan contra el derecho y la recta administración de justicia.
Indicó que tal es el caso de la decisión del Juez Faustino Gutiérrez Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Tamaulipas, que concedió un amparo y dejó sin efectos la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca.
“Luego de que la Fiscalía solicitó y obtuvo orden de aprehensión en contra de Francisco Javier “C”, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez de amparo de referencia emitió sentencia en el juicio de amparo 2477/2022-2, con la que se estima favoreció a dicha persona”, agregó.
Consideró que es “más que evidente” que el Juez se dedicó por entero a tratar de explicar y justificar las operaciones financieras del exgobernador, antes que hacer un análisis específico e integral de la solicitud de la orden de aprehensión y la razón del Juez de Control que la concedió.
“El rol de juzgador se habría transformado en el de un agente de la defensa del imputado”, acusó.
Destacó que las acciones del exmandatario denotan la organización de hecho para la realización de conductas que llevan a la materialización de uno de los delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Estimó que el juez de amparo "llegó al absurdo" de señalar que no podrían coexistir los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, “cuando es por demás conocido que el primero de ellos es autónomo por esencia e incluso no requiere que se materialice la conducta o finalidad de la organización”, agregó la FGR.
Recordó que existen innumerables casos en los que se ha procedido ministerialmente, simultáneamente, por el delito de delincuencia organizada y por los delitos que son la finalidad de quienes se organizan
“Se han obtenido órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso o autos de formal prisión (según el sistema penal que aplique) y sentencias condenatorias”, puntualizó.
Evidenció, además, que el juicio de amparo fue tramitado y resuelto sin convocar al agente del Ministerio Público de la FGR que investigó y judicializó el caso, cuando en derecho era obligado haberle dado la oportunidad de intervenir por su calidad de tercero interesado en ese juicio.
Advirtió que esa omisión contraviene de manera clara la Ley de Amparo y la jurisprudencia de la Suprema Corte, por lo que se promoverá el medio de impugnación correspondiente.