Aunque oficialmente aún no se vota, el proyecto de suspensión de la Prisión Preventiva Oficiosa del ministro Luis María Aguilar podría 'no pasar', debido a que al menos cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han pronunciado en contra de la medida. Será hasta mañana cuando continúe la sesión y pueda llevarse a cabo la decisión final.
Este lunes 5 de septiembre inició la discusión que busca suspender, salvo en casos justificados, la figura de la prisión preventiva, por considerar que se trata de un castigo previo a una sentencia.
El tema ha generado un importante debate, pues incluso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado por la necesidad de mantenerla para garantizar la justicia y seguridad de las víctimas.
Al iniciar la sesión, el ministro Luis María Aguilar Morales, a cargo del proyecto, aseguró que la prisión preventiva oficiosa produce diversos daños al sistema penal y a la sociedad, además de que es contraria a los derechos humanos.
Explicó que más del 40% de la población penitenciaria del país se encuentra sin sentencia y privada de su libertad, bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa, es decir, se estima que 92 mil 590 personas están sin condena por lo que podría considerarse como una 'pena anticipada'.
En su participación, la ministra Yasmín Esquivel Mossa dice que si se considera que hay un abuso en la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, “este no es un problema de la Constitución ni estamos nosotros facultados por ella para inaplicarla. No es deseable para el Estado Mexicano”.
Dijo que más que una sanción anticipada, es una medida instrumental para asegurar el cumplimiento de los fines legítimos del proceso penal, por lo que reafirmó su voto en contra de la propuesta. Asimismo, afirmó que la SCJN no es una reproductora autómata de las posiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La ministra Loretta Ortiz votó en contra de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa al argumentar que aunque la SCJN defiende los Derechos Humanos, debe tener un contrapeso y es al Legislativo al que corresponde modificar la Constitución.
El ministro Alberto Pérez Dayán mencionó que la prisión preventiva deriva de una regla constitucional y sus causas y previsiones están previstas en un ordenamiento supremo como lo exige la norma convencional y agregó "No me corresponde asumir una tarea que no se me asignó, no soy quien para desprender hojas de la Constitución".
Concluyó diciendo que la Suprema Corte no puede modificar la Constitución; eso corresponde al Legislativo, por lo que su voto fue en contra del proyecto.
En la última participación de la sesión, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo que la prisión preventiva oficiosa viola el derecho a la presunción de inocencia y aceptó que el abuso de la Prisión Preventiva Oficiosa es evidente ya “resulta violatoria de los derechos humanos del imputado”.
Aunque se pronunció a favor del proyecto, aseguró no compartir la metodología, por lo que sugirió hacer adecuaciones al proyecto para aclarar términos que pudieran prestarse a interpretaciones erróneas.