Al hacer pública su resolución, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, argumentó que el revés que le otorgó al llamado 'Plan B', a petición del Instituto Nacional Electoral (INE), fue para preservar el sistema democrático.
En el acuerdo de la suspensión, el ministro señaló que la reforma a las leyes electorales suponía suprimir varias áreas y recortar personal del INE, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de su función.
“El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral. Como ya se dijo, el decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando”, señala el documento de su resolución.
En este sentido, Laynez advirtió que de no otorgarse la suspensión, se podrían concretar los ajustes en materia electoral, por lo que por lo que, afirma en dicho escrito, era necesario otorgar una "medida cautelar".
“De no concederse la suspensión, el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”, añade.
Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que, de fondo, lo que se busca con el revés al 'Plan B' es que los funcionarios del INE no pierdan sus altos sueldos.