Semanas atrás, por declaraciones de Xóchitl Gálvez, quien pidió a empresarios convencer “a sus empleados” de que “no hay mañana, o autoritarismo o democracia”, Morena se quejó en el INE de que la oposición inducía ilegalmente el voto.
Sin duda, por prácticas del viejo régimen hay espacio para considerar que estamos lejos de erradicar la perniciosa inducción en centros laborales, donde patrones –y para el caso, jefes sindicales– no tendrían por qué decir cómo o por quién votar.
Pero ¿quieren los partidos hablar de la otra inducción, ésa donde el crimen organizado gobierna y manda?
Como se sabe, los del CO están lejos de sólo dedicarse al narcotráfico. Hoy, en términos generales, se trata de mafias que ilegalmente extraen todo tipo de rentas de comunidades, negocios u oficios.
Michoacán enseñó hace dos sexenios, por ejemplo, que allí donde había limones, querían desde cuota por cosecha hasta constituirse en la autoridad que fija precios e incluso otorga el permiso de quién cortaba y cuándo, o quién no cortaba. Exprimían en todo sentido a los limoneros.
Al fin del sexenio lopezobradorista, ese grillete va mucho más allá de Michoacán –no sobra decir que no hace ni un año del asesinato del limonero Hipólito Mora, símbolo de las autodefensas surgidas en 2013–: hoy el problema se ha extendido geográficamente y, claro, diversificado.
Cobrar piso engloba la extorsión para permitir vender u operar en ciudades o pueblos; en negocios de lo más urbano y en la producción agropecuaria más tradicional. Dicho de otra manera, lo mismo pagan quienes siembran a gran escala con semillas modificadas, que pollerías de barrio.
Se esquilma a las comunidades por lo que tienen. Sin exagerar, no falta nada (o quizá no sea una locura pensar que ya ocurre) para que revivan impuestos tipo Santa Anna –pagar por cada ventana– o —más modernos— por páneles solares. ¿Por explotar agua? Seguro.
El expolio es sobre lo que hay. ¿Tienen vacas en una comunidad?, pues sobre esas pagarán. Tienen puercos, cada cochino es contabilizado por quienes ni los criaron ni los comprarán directamente. Los criminales llegan y hacen inventario de lo que será sujeto de “cuota”.
Y ahí es donde entra el voto.
De tiempo atrás, muchas comunidades marginadas saben que el voto es algo que tienen y que otros necesitan; ya sea cada tres o cada seis años, quienes tan poco poseen, de repente son requeridos por grandes señores y señoras de la política.
Esa dinámica tuvo estampas transaccionales que si las vemos en retrospectiva –de cara a la enorme amenaza criminal, me refiero– parecen casi bucólicas.
En asamblea, la comunidad determinaba que hacían falta equis sacos de cemento o varilla, o grava, o todo junto, para construir/concluir la cancha deportiva, el auditorio o para pavimentar camino a un barrio, y entonces ponían su voto al mejor postor.
El partido o candidato que garantizara más convincentemente esos materiales (mejor aún si los entregaba con anticipación) recibiría en bloque los votos de la comunidad.
Tres doritos después, la voluntad electoral de muchas comunidades la determinarán quienes les imponen cuota hasta por vivir, por esos que les cobran por cualquier cosa de valor que posean. Y el voto es muy valioso.
Del INE y del gobierno federal que renunciaron a hacer un mapa de riesgos para candidaturas no se puede esperar que tengan una radiografía de todos esos lugares donde el voto será inducido no por patrones de la Coparmex, sino del CO.
¿Algún partido se quejará en la “herradura de la democracia” de tal inducción?
Que tengan bonito lunes posdebate.