El viernes en la mañanera el levantón de la candidata aliancista Zudikey Rodríguez a la alcaldía de Valle de Bravo era tema obligado para la prensa profesional que acude a Palacio Nacional, no así para el gobierno de López Obrador, que minimizó tan delicado asunto. ¿Por qué el Presidente de la República pasa por alto tan grave tema?
Las columnas de dos colegas de El Financiero encendieron las alarmas desde el jueves sobre lo que ocurrió en Avándaro, municipio de Valle de Bravo. En esos textos se reveló que el lunes 17 de mayo Zudikey Rodríguez fue retenida por personas que la habrían llevado con criminales que dominan regiones enteras en los límites de Guerrero, Michoacán y Estado de México. La amenazaron para que suspendiera su campaña. Raymundo Riva Palacio y Leonardo Kourchenko dieron los detalles del secuestro y la consecuente cancelación del proselitismo de la candidata del PRI, PAN y PRD.
Distintos eventos trágicos en diferentes puntos del país han ya marcado a la elección 2021. Pero lo de Valle de Bravo sacudió a la opinión pública capitalina no sólo por la gravedad de los hechos, sino por tratarse de un suburbio de la Ciudad de México, dada la cantidad de capitalinos que visita ese municipio, mismo que en la pandemia ha visto crecer el número de chilangos que rentaron o compraron inmuebles en tan boscoso destino.
La conmoción por las revelaciones de Riva Palacio y Kourchenko se reflejó en la portada de Reforma, que le dio su nota principal el viernes. Ese día, entonces, era obvio que la pregunta surgiría en la mañanera, no sólo porque se supone que el presidente López Obrador siempre revisa el tema de la inseguridad antes de comparecer ante los medios, sino porque además estaría en la conferencia de Palacio la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
Cuando por fin se formuló la pregunta ésta abarcó tanto el caso de Cajeme, Sonora, donde fue asesinado el candidato de Movimiento Ciudadano y, puntualizó la colega que cuestionó, “también en Valle de Bravo, que se reportó el secuestro temporal de una de las candidatas”.
Con la marca de la casa de este gobierno, la secretaria Rodríguez dio un largo rodeo de 871 palabras para detallar todo lo que –dicen– ha hecho la administración para procurar seguridad a los candidatos; mencionó algo sobre el caso Cajeme, pero luego de todos esos minutos repreguntó a la reportera: “¿Cuál es el otro caso?”. Así de presente tenía la funcionaria los hechos de Valle de Bravo. Más adelante, tras revisar sus notas, contestaría que el caso lo llevan las autoridades del Estado de México y “estamos con ellos en coadyuvancia”.
Desde el viernes la candidata Zudikey declaró formalmente ante la fiscalía. Ahora lo que sigue es la nunca expedita labor de nuestras policías de investigación. El caso reviste de una gravedad particular, y no, ésta no es porque en esa comunidad residan o tengan propiedades algunas de las familias más acaudaladas o influyentes de México.
Está en duda el compromiso de un gobierno federal para esclarecer un delito que beneficiaría a su partido. Igualmente, es obligado despejar los indicios del involucramiento en los hechos de personajes de Morena con peso en el Estado de México. Y, por supuesto, Valle de Bravo debería servir para establecer que esta administración es capaz no sólo de apaciguar una ruptura del orden, sino establecer condiciones de paz y seguridad perdurables.
Pero, sobre todo, López Obrador debe dejar en claro que no permitirá que las elecciones, que antes se robaban otros, ahora se las robe el crimen organizado. Por eso la manera en que el viernes trataron de minimizar el tema hace aún más graves los hechos. Si el Presidente no contiene los intentos de intervención electoral como el de Valle de Bravo, la ciudadanía habrá perdido uno de sus mayores derechos: elegir libremente a sus autoridades.
O los gobiernos federal y estatal restituyen las condiciones para que todos los candidatos sigan su proselitismo sin miedo a ser sujetos de un atentado o represalia, o tendremos la gran ironía de que durante el gobierno –es un decir– de quien se dice víctima de un fraude electoral en 2006 quedó claro que está permitido que los criminales quiten y pongan gobernantes y con la bendición de las urnas.