Animal Político e Intersecta han cifrado en 130 mil el número de personas que ha terminado en la cárcel luego de que en 2019, por iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, aumentaran en más del doble los delitos en que aplica la prisión preventiva oficiosa.
Esos encarcelados sin sentencia son personas pobres, muchas de ellas mujeres; y los delitos de los que más se les acusa son robo –muchos de ellos por montos insignificantes– y narcomenudeo. Y no pocas de esas detenidas terminan en la cárcel incluso antes de que siquiera comience el juicio.
La investigación fue dada a conocer la semana pasada y coincidió con una resolución de la Suprema Corte en la que se votó la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa por delitos relacionados con la defraudación fiscal, la expedición de facturas falsas y el contrabando.
Esa resolución de la Corte, promovida a nombre de la oposición en el Senado por el despacho Zarazúa, Mendoza, Barrios y Castillo, provocó la ira presidencial: AMLO declaró en la mañanera que los ministros estaban al “servicio del dinero, de los poderosos”.
El ministro presidente Arturo Zaldívar defendió la decisión de sus compañeras y compañeros señalando que en los delitos con prisión preventiva oficiosa se afecta principalmente a los más pobres.
Pero el Presidente no atiende razones. Porque para el inquilino de Palacio Nacional lo más importante es emitir un discurso que coincida con los prejuicios de la sociedad, y por tanto que resuene, no con lo que dicen las estadísticas de la realidad.
López Obrador sabe que la mexicana es una sociedad con un arraigado sentimiento punitivista, a la que poco le importaban –porque faltaba mucho para que fueran una realidad que les beneficiara– los incipientes avances de reformas garantistas de los últimos años.
El resorte popular, tras décadas de lidiar con un sistema en el que –si acaso– los pobres son los que terminaban en la cárcel, es demandar “justicia” en forma de prisión desde el primer momento de un hecho delictivo.
Por eso Andrés Manuel la emprende en contra de los ministros, porque le sirve para una campaña de desprestigio tanto del sistema judicial, con el que se enfrenta cada día más, como de las élites, que en efecto tienen muchos más recursos para, de ser el caso, librar la cárcel.
A final de cuentas, las reformas judiciales de AMLO se han vuelto contra los más pobres. Esto, sin embargo, difícilmente se traducirá en un costo para el Presidente.
Basado en su machacón discurso de que la renovación que él dice encabezar es obstaculizada por la alianza de las élites corruptas con un sistema judicial refractario al cambio, López Obrador podrá evadir la realidad de que su proceder en la Presidencia ha significado que más pobres –y no menos– estén en la cárcel a pesar de no haber sido encontrados culpables.
Será así porque los sectores más golpeados llevan generaciones padeciendo abusos en la procuración de justicia, porque el Presidente sigue hablando por ellos, y porque aún es depositario de su esperanza: males tan añejos no iban a corregirse en unos cuantos años.
Pero también porque, como dice la penalista Ángela Frías en el reportaje de Animal Político/Intersecta, “desafortunadamente vivimos en un Estado en el que todos son números. Las víctimas dejan de ser víctimas y se convierten en un número más. Entonces, la sociedad, la población en general, percibe que si la gente está en prisión entonces ya se acabó la corrupción, ya se acabaron los delitos, ya está encerrado, ya está está pagando. Y la verdad es que eso no ocurre así".