Hace exactamente una semana el gobierno de la República intentó forjar nuevos eslabones de la cadena del miedo, su método favorito para anular toda resistencia a sus objetivos. Porque el caso de Nuevo León es sólo un ejemplo de cómo el presidente López Obrador amenaza con persecuciones gubernamentales e incluso con la cárcel para doblar a oponentes y actores autónomos.
La pasada, reitero, fue una semana rica en ejemplos de la tendencia lopezobradorista de hacer del miedo el recurso predilecto de su ejercicio del poder. Como se sabe, el lunes la Fiscalía General de la República anunció que pretendía prisión para dos candidatos punteros en Nuevo León, y en los siguientes días la emprendió igual en contra de periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, intelectuales y activistas.
Si bien la temporada electoral pudiera explicar –que no justificar– algo del ánimo belicoso de Andrés Manuel, la realidad es que muy pronto en su periodo el Presidente ha mostrado que gusta de imponer su proyecto mediante jugadas que infunden temor.
Un primer ejemplo se dio en febrero de 2019, a menos de tres meses de tomar posesión; AMLO se lanzó en contra del titular de la Comisión Reguladora de Energía. En la mañanera, el Presidente violentó cualquier presunción de inocencia y acusó a Guillermo García Alcocer, presidente de la CRE, de presunto conflicto de interés, entre otras irregularidades. La Unidad de Inteligencia Financiera se prestó en ésa y otras ocasiones para el caballazo presidencial.
De ahí a la fecha hemos visto la súbita renuncia de un ministro de la Suprema Corte, la apertura de expedientes en contra de empresarios, detención de opositores como el exsenador Lavalle, la persecución de un gobernador (Tamaulipas), las acusaciones sin pruebas en contra de jueces, las intentonas de juicio político a funcionarios de organismos autónomos e insidiosos ataques de AMLO a diarios, columnistas, conductores, académicos y activistas por igual.
Es claro que investigar a la clase política y empresarial de nuestro país daría como resultado que se reintegren millones de pesos a la tesorería o que múltiples personajes de los más diversos sectores pierdan sus puestos –Romero Deschamps– o deban rendir cuentas ante la sociedad.
Sin embargo, es igualmente claro que el presidente López Obrador presume como combate a la corrupción lo mismo causas que lucen legítimas, que otras que en realidad son vendettas que tienen como principal objetivo eliminar opositores. El caso de Odebrecht es, curiosamente, ejemplo de ambas cosas: sin duda hay avances en este gobierno en ese expediente del peñismo, pero se ha utilizado para socavar electoralmente sobre todo al PAN, antes que al PRI de Lozoya y Peña.
Las discrecionales persecuciones de AMLO pretenden un efecto dominó. Atacar al gobernador de un estado es para que los demás pongan sus barbas a remojar. Y si desbancó a un ministro, qué no podrá contra un juez, máxime si el titular del Poder Judicial gusta de hacerla de chambelán del Ejecutivo.
Hace una semana el Presidente puso a una cantante a distraer en Palacio Nacional mientras se cocinaba el boletín contra candidatos de Nuevo León. La sorpresa es parte de la estrategia del miedo.
Y es que no hay curso natural de las cosas; las elecciones –por ejemplo– serán intervenidas desde Palacio Nacional: ¿o ustedes descartan que en las horas por venir salga una nueva investigación o requerimiento judicial en contra de algún adversario, presente o pasado del mandatario? ¿O contra actores autónomos?