Una vez más el debate no es sobre si hubo o no irregularidades serias en alguna institución, en este caso el Conacyt, sino sobre la asunción de que todos quienes en el pasado hayan tenido puestos públicos –todos– fueron corruptos, y por ende procesarlos es lo justo, y defenderlos de los juicios sumarios de Gertz Manero es prueba doblemente inculpatoria: tanto contra aquéllos que se pretende encausar, como de quien expresa sus dudas por las querellas en contra de quienes no han sido hallados culpables por un juez.
Es la politización de la justicia. Si el fiscal del gobierno –aquello de autónomo es una mala broma– persigue a un colectivo de científicos, el tema no es lo singular y la desproporción de los cargos (delincuencia organizada, entre otros), ni la prioridad que se da a estos supuestos expedientes, ni por supuesto que se pida para esas personas que sean citadas en un juzgado de Amloloya, perdón, Almoloya, penal de alta seguridad. El tema es, según el gobierno, sus militantes y sus seguidores, que los científicos señalados ya son culpables. ¿De qué? De lo que sea, pues a final de cuentas el haber estado activos y cercanos al presupuesto oficial en los sexenios anteriores los hace sujetos de culpabilidad plena, ni siquiera de sospecha.
Para este gobierno eso de que toda persona es inocente a menos de que se pruebe lo contrario es un invento que pretende garantizar no un derecho humano, sino únicamente la impunidad de los corruptos.
El Presidente lo dijo en una mañanera de esta semana. Y el fiscal general del gobierno, que no de la República, lo asume plenamente: el debido proceso, señaló López Obrador, es un invento para tapar corruptelas.
“Todo esto del secreto bancario, el debido proceso, todo eso lo fueron creando para ocultar las transas, para decirlo con claridad. El que nada debe, nada teme, la vida pública tiene que ser cada vez más pública”, declaró AMLO el martes. Y la actuación del fiscal del régimen va en concordancia: sobre ellos, que si temen es porque seguro deben.
El jefe del Estado, el titular del Poder Ejecutivo, el político que tiene las bancadas más numerosas e incondicionales en el Congreso de la Unión se la pasa diciendo, o implicando para ser exactos, que son los señalados –en éste y en cada caso emprendido por su policía favorito– quienes deben defender su inocencia, y no la fiscalía la que debe construir un expediente no sólo consistente con la ley, sino proporcional a lo que supuestamente se investiga.
Usan la justicia, y Gertz Manero se presta, sin remilgos, para nutrir la propaganda de la administración. Vamos contra los científicos, que también ellos deben rendir cuentas de su pasado neoliberal. Y ante expresiones de indignación que surgen apenas revelarse el caso, los paleros del régimen cargan desde su chata trinchera: ¿a poco no se puede investigar a académicos?
Siguen lo dictado por el Presidente el miércoles: “En el caso del Conacyt, imagínense si se sabe, o se presume, porque nadie puede ser juzgado sin un proceso y sin que se le demuestre, pero imagínense que se guarde el expediente, pues el servidor público es cómplice, encubridor; entonces, hay la instrucción que todo se envíe a la fiscalía, todo”.
Sólo por si hiciera falta decirlo. Por supuesto que se puede y debe investigar a todo aquel que sea sospechoso de algún delito. Pero eso se realiza para determinar la probabilidad de la comisión de una conducta ilícita, no para documentar el sospechosismo selectivo decretado de antemano por el régimen.
Lo que atestiguamos es simplemente la politización de la justicia.