Pese al dicho presidencial, ni punto final ni punto y aparte ante el pasado. Sólo punto y seguido. Respiro para continuar en lo mismo, lo de siempre: ignorar el presente y anular el futuro.
La revisión inconsecuente de lo de ayer para no proyectar lo de mañana. Ejercicio de memoria para recordar sin curar las heridas que, en su divertimento, exhibe la indecisión como discurso, la contradicción como postura y la vaguedad como resultado. Ni fu ni fa… Pausa para explorar qué pasó, no punto de inflexión para definir qué sigue.
Al mérito de por fin darle utilidad a la consulta popular como valioso instrumento de participación en la democracia lo desvanece el sentido, el planteamiento y el resultado.
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Infinidad de elementos conspiran en contra del ejercicio plebiscitario.
Ahí está la peligrosa circunstancia sanitaria, el divorcio de la pregunta oficial y la propagandística, la falta de recursos y ganas para instrumentarlo, la fatiga del activismo promotor, el inocuo resultado previsible y, de asumirla, la complicada consecuencia política.
El mayor de los factores que maquina contra la consulta del próximo domingo es, sin embargo, la generación de una expectativa –una más de las muchas engendradas– que a la postre provocará insatisfacción o, de colmarla, un enredo político que empantanará acciones susceptibles de emprender hacia adelante, no hacia atrás.
¿Por qué empeñarse en una absurdidad? En ese caso, mejor consultar si el 5 junio de 1520 debe denominarse “La noche triste” o, como se impuso, “La noche victoriosa”. Dilucidar, pues, si el triunfo en una batalla borra la derrota en una guerra. ¿Qué caso reinsertarse en el pasado, habiendo tanto qué hacer en el presente en pos de un mejor futuro?
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Un sinsentido inaugurar en mal momento y de pésimo modo el uso de un instrumento para ensanchar la democracia, incorporando la vertiente participativa a la representativa.
Si la gente acude masivamente a las urnas, la consulta podría derivar en un foco de contagio. Si la gente se abstiene por temor a la partícula infecciosa, la consulta podría derivar en un fracaso político. En ambos casos, por el galimatías (la pregunta oficial) puesto a la consideración ciudadana, el resultado será incierto.
Hasta ahora, quizá, por corrección política, no se han querido vincular los cierres de campaña y la jornada electoral con el arranque de la tercera ola pandémica. Sin embargo, el calendario lo sugiere. La llegada de la variante delta del virus coincide con aquellas actividades y, sobra decirlo, las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad electoral fueron elementales, sobre todo, ante la participación registrada.
Suponiendo sin asegurar esa liga, es un albur convocar de nuevo al electorado. Sobre todo, considerando que el carácter vinculatorio de la consulta exige de una participación de 40 por ciento del listado nominal de electores, 37.5 millones de votantes que habrían de acudir a 57 mil casillas, apenas un tercio de las instaladas en junio. De registrarse una participación nutrida, las aglomeraciones serán inevitables; de no darse, será un fracaso.
Podrá argüirse que la meta no es sino aplicar ya un mecanismo de participación ciudadana. Vamos que, esta vez, importa más el medio que el fin. Aun así, ¿qué caso tentar al virus o al fracaso?
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En todo esto, llama la atención la contradictoria postura presidencial.
El mandatario dice estar a favor del punto final ante los ilícitos cometidos en el pasado y que, por lo mismo, no participará en la consulta. Empero, ante la duda de si se recolectarían la firmas ciudadanas requeridas para llevarla a cabo, él la afianzó. Solicitó realizarla y, ahora, la promueve. ¿Cómo estar en contra, no participar y hacer todo por ella?
Puede conjeturarse desde luego que, aun a su pesar, el Ejecutivo está porque la gente decida si debe o no sentarse en el banquillo de los acusados a los exmandatarios, aunque la redacción de la pregunta reformulada por la Corte lejos esté de plantearlo. Sin embargo, también puede pensarse que no quiere cargar con la responsabilidad de llamar a cuentas a sus excolegas. Un titubeo disfrazado.
Cómo explicar esa postura que echa mano del doble discurso –no, pero sí– y elude denunciar, como podría, presuntos delitos para, en su caso, perseguirlos. Desde esa óptica la consulta sobra, como también si al final todo concluye en la creación de una Comisión de la Verdad.
Y, en este asunto como en otros, la ventaja del oficialismo es la ausencia opositora. Aun aliada, practica la política de la avestruz: ni defiende ni condena a los exmandatarios que ella misma colocó en el poder, ni defiende ni condena la consulta. Calla.
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Sin hablar en tiempos de austeridad y necesidad del gasto de 500 millones de pesos en un ejercicio innecesario, ante la posibilidad del fracaso de la consulta, los promotores de ella ya preparan el banquillo para sentar como culpable al Instituto Nacional Electoral.
Así, queriendo salir de un callejón, se meten en otro: vacunar, menuda paradoja, al Instituto contra cualquier reforma siendo que el órgano electoral la requiere. Al proyectar al instituto desde ahora como responsable del eventual fracaso, obligarán a defenderlo y a dejarlo como está, cuando ciertamente exige ajustes. Así, ni consulta popular ni reforma electoral.
Quizá, al atardecer del domingo se le denomine como “la noche triste” de la consulta popular.
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Ojalá, el ejercicio no termine por expedir sin querer un certificado de impunidad e inocencia a los exmandatarios por no poderlos vincular a proceso o por crear un pantano político que impida salir adelante y, en el cual, donde si bien hay aves que lo cruzan sin mancharse, también las hay que ahí sucumben.