Este lunes, Mary Anastasia O’Grady, la columnista de asuntos latinoamericanos de The Wall Street Journal, criticó fuertemente a John Kerry, el representante especial del presidente Joe Biden para el cambio climático, que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador a Guelatao para la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, por haber servido de porrista presidencial. “Veo sabiduría en su liderazgo”, dijo Kerry la semana pasada de López Obrador, “que quiere deshacer males del pasado para promover los intereses del pueblo”. Mejor espaldarazo, imposible. Pero ¿fue un apoyo oficial?
Kerry improvisó sus palabras y probablemente cayó en una celada. El veterano político fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en Oaxaca, pero le encajaron a un lado a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, un “notable dinosaurio” –en palabras de O’Grady–, que se encuentra en el centro de la disputa comercial que desde hace ocho meses sostienen las empresas estadounidenses que promueven energías limpias con México, cuya mesa de resolución de conflicto está congelada.
La fotografía de Kerry con Bartlett, abrazados por la espalda y publicada por Ebrard en Twitter, fue una provocación. Días después en Washington, en una audiencia en el Capitolio, la embajadora Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca, decía a diputados y senadores que en la disputa energética con México, Estados Unidos tenía a su disposición todas las herramientas del acuerdo comercial de América del Norte, el T-MEC, y que estaban listos para utilizarlas. La disonancia era notable. O’Grady detalló las políticas energéticas mexicanas que violan el acuerdo, al expresar su azoro por la posición de Kerry que, dijo, no representa los intereses de las empresas verdes de su país.
Una semana después, la columna de O’Grady en el periódico que más defiende los intereses de las empresas estadounidenses coincidió con una filtración a la agencia de noticias Reuters que, citando sin identificar a funcionarios del gobierno de Biden, reportó que en las próximas semanas la Casa Blanca enviará un ultimátum a México para “actuar ahora” en la solución de la disputa energética, porque, de lo contrario, pedirá que un panel independiente resuelva la disputa que, de perderla, podría provocar la imposición de aranceles a los productos mexicanos por miles de millones de dólares, porque “en meses de negociación ha habido poco progreso y el gobierno (estadounidense) ha agotado acciones menos combativas”.
La temperatura sigue subiendo en las relaciones bilaterales. El senador John Cornyn, que encabezó una delegación de 12 legisladores demócratas y republicanos y se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador hace dos domingos, dijo que durante su visita, todos quienes viajaron con él estuvieron de acuerdo en que “la crisis en México es insostenible y algo necesita cambiarse”. Los legisladores hablaron durante cuatro horas con el Presidente y varios de ellos le dijeron que tenía que respetar el acuerdo comercial norteamericano.
López Obrador, por lo que han ido revelando los legisladores a cuentagotas de ese encuentro en Palacio Nacional y las acciones del gobierno mexicano, les tomó el pelo. Sin que se resuelva una demanda de Vulcan Materials, el conglomerado de materiales de construcción en Estados Unidos que se queja de que su gobierno intentó frenar sus operaciones en las instalaciones de su filial, Calica, al sur de Playa del Carmen, donde el Presidente ordenó que las Fuerzas Armadas ocuparan las instalaciones de la empresa, a la que acusa, no sin razón, de haber provocado una devastación ambiental. La acción militar provocó una respuesta del secretario de Estado, Antony Blinken, en el sentido de que ello generaría problemas a México para futuras inversiones. Diputados de Alabama, donde se encuentra el cuartel general de Vulcan, enviaron una carta al embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, pidiendo el retiro inmediato de los militares de la planta.
Las peticiones han encontrado los oídos sordos del Presidente, que este mismo lunes siguió escalando la presión contra empresas estadounidenses. Como no le han parecido los precios que puso la petrolera texana Valero a la gasolina, ayer instruyó al director de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, a que hable con la empresa y le pida que baje sus precios y frene sus abusos, calificó, pues de otra manera, “tomará medidas”. López Obrador no precisó qué medidas, pero de llegar a hacerlo, provocaría otra disputa comercial al intervenir en las políticas internas de una empresa y violentar el acuerdo norteamericano.
López Obrador ha seguido escalando las acciones y retórica contra las empresas estadounidenses porque puede hacerlo. No ha habido respuestas enérgicas del gobierno de Estados Unidos, sino al contrario, frases melosas como las de Kerry o las que regularmente acostumbra el embajador estadounidense Ken Salazar, con la esperanza de que con la palabra suave y sus gestiones personales con López Obrador, las cosas se resuelvan. No ha sido así.
Las cosas no cambiarán y difícilmente el Presidente reculará, no sólo por sus fijaciones, sino por su convencimiento de que el sector privado, mexicano o extranjero, es enemigo de los intereses nacionales. A los empresarios mexicanos los tiene atados de las manos porque sus líderes le tienen pánico y están enfocados en administrar la hostilidad y los amagos hasta el final de su sexenio. En Estados Unidos, las empresas se han recargado en su gobierno para resolver sus problemas, pero su frustración crece por la política de condescendencia llevada a cabo por Salazar y Kerry.
Biden mantiene un frágil equilibrio interno con la ayuda de López Obrador en el tema migratorio, por las elecciones del próximo año. El tráfico de fentanilo cambió los equilibrios con Washington, a lo que se agrega la exasperación por el impasse en las disputas comerciales. Pero hasta hoy no ha sido suficiente. López Obrador ha manejado exitosamente la ecuación, explotando las vulnerabilidades de Biden, cediendo en migración a cambio de mantenerse inamovible en temas económicos y energéticos. ¿Hasta cuándo? Hasta que en Washington consideren que los costos están siendo más altos que los beneficios, que parecen estar llegando al punto de inflexión.