La tensión que ha caracterizado la campaña electoral en el Estado de México está alcanzando nuevos niveles. El fenómeno que representó la candidatura de Delfina Gómez con Andrés Manuel López Obrador detrás de ella, rompió las expectativas y generó preocupaciones y temores.
Como se detalló en la columna anterior, bajo cualquier medición, el resultado de la elección se encuentra en el espacio de lo incierto, lo que lleva a una proposición: la aceptación de lo cerrado de la contienda es, para efectos prácticos del PRI, una derrota anticipada.
Sin embargo, no necesariamente se puede cancelar prematuramente lo que pase en las urnas el próximo domingo, cuyo desarrollo y resultado tendrán que esperar a ese día.
Nadie puede saber lo que pase en tierras mexiquenses salvo, quizás, que la elección será entre Gómez y el priista Alfredo del Mazo, y entre todo un aparato electoral, el mayor en la historia del PRI, contra el malestar, el mayor también en la historia del PRI.
López Obrador denunció hace días que la elección en el Estado de México fue organizada desde Los Pinos, desde donde está dirigida. Aunque oficialmente se niega que así sea, así es.
En este mismo espacio se ha reseñado durante semanas el interés y la participación directa del presidente Enrique Peña Nieto en la campaña de Del Mazo, así como su intervención directa y continua en el proceso. Si alguna vez existió una elección de Estado, la mexiquense es lo más sofisticado que pueda encontrarse.
Los cálculos extraoficiales, estimados por funcionarios federales, ubican el nivel de gasto por arriba de los 31 mil millones de pesos, 10 mil en recursos federales directos para obras y programas, y el resto –mucho en efectivo y proveniente de los estados– para la operación en campo de poco más de 70 mil personas, que llovieron de todo el país para apoyar la campaña priista.
La saturación de operadores ha sido tan grande, que uno de quienes los organizan comentó: “Han habido ocasiones que en una sola colonia nos topamos cuatro equipos de diferentes partes del país”.
Además de la dirigencia del PRI, funcionarios federales –a nivel incluso de secretarios de Estado– y exgobernadores se encuentran al mando de la operación electoral, que está buscando garantizar la lealtad de los priistas movilizados el domingo con su voto, y evitar lo que llaman el fenómeno Chetumal, donde más de 50 mil priistas escogieron en ese bastión priista al candidato de la oposición al gobierno de Quintana Roo, Carlos Joaquín, o lo que les sucedió en Veracruz, donde de los 600 mil priistas movilizados para votar por su candidato a gobernador, 400 mil lo hicieron por sus opositores.
Dinero es lo que están dando en las tierras mexiquenses, y temor es lo que están vendiendo. Las dos herramientas no han funcionado, sin embargo, en el pasado.
La tercera herramienta que se está preparando, de acuerdo con personas que conocen las entrañas de la organización, es el sabotaje. Según explican, se tiene un mapa de las casillas en donde se puede definir la elección en contra del PRI.
Un buen número de ellas, indicaron, están en la zona oriente de la Ciudad de México, donde se encuentran ocho municipios conurbados en poder del PRD, el PRI y de su aliado electoral, Antorcha Campesina.
Pero también hay casillas definitorias en la zona nororiente de la Ciudad de México. Un diagnóstico dado a conocer la semana pasada por el PAN mexiquense, reveló que son 417 casillas en 25 municipios, donde puede haber coacción y alteración del voto.
El reporte identificó los municipios de Ecatepec, Chimalhuacán y La Paz, como susceptibles a manipulación por parte del PRI en la zona conurbada, mientras que Morena, señaló, puede hacer lo mismo en Texcoco y Chalco.
Lo que no registró el PAN, que se concentró en los mecanismos de coacción de voto el próximo domingo, es lo que señalaron personas cercanas a la organización electoral del PRI, quienes dijeron que entre los planes para esa zona se comprende que en caso extremo se genere violencia en la casilla, para de esa forma anular la elección en esa sección.
Jugar a la violencia en una elección que se prevé tan competida, es irse al extremo de los riesgos, donde sin embargo parece haber priistas dispuestos a llegar a esos niveles para evitar una derrota en municipios densamente poblados.
A lo que han llegado es a medir costos contra beneficios, aunque visto antes de que suceda para alguien cuya vida política y pública no se pone en riesgo, los costos parecen ser mayores que los beneficios. Los criterios deben ser diferentes para los priistas, al tener listos los planes de sabotaje electoral.
La elección en el Estado de México apunta para judicializarse y que sea impugnada por todos, inclusive el partido que gane, salvo que la diferencia sea significativamente alta.
Esto sería la normalidad en los tiempos modernos mexicanos. Lo extraordinario y regresivo sería la violencia en los comicios, donde se puede saber cuándo y cómo comienza, pero no cuándo ni cómo termina.
El secretario de Gobernación ha hablado con los gobernadores para que las elecciones sean desarrolladas en paz. Probablemente la inercia que llevan las campañas los tenga rebasados y de ahí la preocupación, o quizás sólo sea una simulación porque la victoria es el único objetivo.
Es deseable que haya responsabilidad de todas las partes, y que sean las urnas las que marquen el destino.