Cuando Emilio Lozoya Thalman presentó su declaración patrimonial al llegar al gabinete del presidente Carlos Salinas como secretario de Energía, la sorpresa de quienes la revisaron fue lo rico que era. Su fortuna era superior a mil millones de pesos, producto de su actividad empresarial y de inversiones, con lo que tenía asegurado el futuro de su familia por generaciones.
Ese antecedente, junto con una carrera en el servicio público intachable, era lo que durante todos estos años hicieron dudar a muchos sobre la integridad de su hijo, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, hoy en el peor momento de su vida, al tener que enfrentar a la justicia y responder las acusaciones de corrupción sobre él y su familia.
¿Qué necesidad tenía? Por herencia y por su esposa, su fortuna le hacía innecesaria una acción de esa naturaleza. Y sin embargo, las autoridades afirman tener evidencias de ilegalidades en su proceder.
La investigación que lo ha puesto frente a la justicia, es por la compra de una empresa de fertilizantes a Altos Hornos de México a un sobreprecio. De acuerdo con la investigación, 10 días antes de que Enrique Peña Nieto asumiera la Presidencia, Alonso Ancira, dueño de esa empresa, hizo un depósito por 2.9 millones de dólares a una cuenta en Europa de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, quien a su vez transfirió esa misma cantidad a una cuenta de su hermano en México quien, entonces, compró una casa en las Lomas de Chapultepec –que fue cateada el martes– por esa misma cantidad.
Lo que dicen las autoridades es que ese monto exacto fue apareciendo y desapareciendo en ese recorrido hasta que terminó en la propiedad, por lo cual los propietarios originales están siendo investigados.
Las autoridades establecen la corrupción por la forma como se hizo la compra de la empresa de fertilizantes con un sobreprecio, que establece el presunto delito de cohecho, y como no se registró fiscalmente, se le añadió el presunto delito de evasión fiscal, producto de los movimientos financieros para ocultar el dinero, por lo que le sumaron el presunto delito de lavado de dinero.
Por cuanto a los manejos financieros, las autoridades van sobre Lozoya, su hermana y Ancira, sobre quienes presumen también triangulaciones similares posteriores a 2012. La investigación toca de manera directa a un cercano colaborador de Lozoya, Édgar Torres Garrido, a quien nombró director de Pemex Fertilizantes, y quien fue el responsable de operar toda la compra.
El caso de la presunta corrupción en la compra no está vinculado al de Odebrecht, aunque las autoridades dijeron que el pago de Ancira se hizo a una empresa filial del conglomerado brasileño, que a su vez hizo el depósito en una firma suiza donde son socios los hermanos Lozoya.
Las investigaciones sobre la corrupción de los brasileños en México están prácticamente terminadas, y será un pliego de consignación independiente del caso de la fertilizadora. Lozoya entonces, como se adelantó en la columna de ayer, apenas comienza su batalla judicial.
De acuerdo con la investigación donde lo vinculan con Ancira, su problema sería básicamente de corrupción. La relación entre los dos llegó a niveles donde el conflicto de interés fue evidente.
Mario Maldonado, el muy bien informado columnista de negocios, recordó ayer en El Universal que en una difícil conversación que tuvo con Lozoya en marzo de 2017, le admitió haber incurrido en un conflicto de interés porque voló 54 veces en el helicóptero de Pemex en 2015, a la torre donde se encuentra la oficina de Ancira y la sede de AHMSA.
A Maldonado le sorprendió el reconocimiento de Lozoya, quien “no parecía preocuparse por sus dichos”, porque existía, como le dijo en aquel momento, una “profunda amistad” con el presidente Enrique Peña Nieto.
Esa amistad, que lo protegió de la embestida del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que pedía su destitución por su mala gestión en Pemex, lo debió haber nublado y sentirse protegido.
Descuidó otro conflicto de interés cuando le compró a Gabriel Karam, socio del Grupo Hidrosina, que tiene una de las cadenas de gasolineras más grandes del país, un departamento en la lujosa calle Rubén Darío, en Polanco, por 28 millones de pesos, donde viven sus padres y que fue una de las propiedades que cateó la policía ministerial el martes pasado.
Los casos de AHMSA y Odebrecht podrían no ser los únicos en el expediente ampliado de Lozoya que lleguen a ventilarse. Desde finales del gobierno de Peña Nieto se investigaba a su ex coordinador ejecutivo, Froylán Gracia, ante las denuncias de que cobraba sumas millonarias por citas con su jefe, como reveló esta columna en octubre de 2015.
Otro de sus cercanos, Arturo Henríquez Autrey, a quien hizo director de Procura y Abastecimiento y que también estuvo en la compra de la fertilizadora, pedía regularmente a empresarios cuatro millones de pesos que, decía, eran para Lozoya. Siempre lo negó el exdirector de Pemex, quien decía que las acusaciones eran porque se habían lastimado muchos intereses.
En un reporte a sus socios, la consultora Eurasia consideró que acusar a Lozoya era relativamente fácil por el cúmulo de información pública sobre él, pero observó que las investigaciones “están motivadas mayoritariamente por consideraciones políticas y es improbable que se amplíen, porque López Obrador probablemente no quiere crear una crisis lanzando investigaciones más grandes”.
Es una conjetura quizás aventurada, que supone el interés político del presidente por no voltear al pasado y destapar la Caja de Pandora. Sin embargo, inició un proceso difícil de detener. El pueblo quiere sangre y Lozoya parece estar decidido a dársela, si con ello sobrevive.