A finales de agosto de 2015, Reforma publicó una fotografía donde aparecían Amado Yánez, propietario de Oceanografía, y Arturo Henríquez Autrey, en ese entonces director de Procura y Abastecimiento de Pemex. La gráfica fue tomada en octubre de 2013, y el periódico sugería que se habían negociado apoyos para el rescate de la empresa, a la cual estaba persiguiendo abiertamente el entonces procurador Jesús Murillo Karam, y tras bambalinas, el director de la empresa paraestatal, Emilio Lozoya.
Hernández Autrey envió una carta al diario para desmentir que el motivo de ese encuentro hubiera sido el de una negociación para el rescate de Oceanografía, y que se había tratado simplemente de un encuentro de “carácter social”. Tenía razón en su primer punto, pero mentía en el segundo.
El viaje de Hernández Autrey a Los Cabos tuvo un peor propósito. El colaborador de Lozoya, revelan personas que conocen de aquella reunión, le exigió a Yáñez cuatro millones de pesos mensuales para que el director de Pemex intercediera por él ante el procurador Murillo Karam. De otra manera, amenazó, lo perseguirían. Las personas recuerdan que Yáñez accedió al chantaje y durante los siguientes tres meses pagó puntualmente cuatro millones de pesos. El “encuentro social” dio como resultado ingresos ilegales e ilegítimos para el equipo de Lozoya por 12 millones de pesos. El dueño de Oceanografía dejó de pagar y así le fue.
En plena crisis por un diferendo con Banamex que sirvió de pretexto para que la PGR y Pemex actuaran en su contra, Lozoya lo presionó para que vendiera la empresa a un banquero que le señaló. Yáñez habló con los abogados del banquero y al revisar los papeles de compra-venta descubrió que no le iban a pagar nada por la empresa. Su ganancia, le dijeron, sería no ir a la cárcel. Estuvo a punto de firmar, pero el día que tenía que concluir el traspaso gratuito de Oceanografía, un banco en Nueva York aprobó un crédito puente de emergencia con lo cual pudo mantener a flote la petrolera. El costo que pagó, sin embargo, fue la cárcel y que hasta la fecha, libre de las acusaciones, no termina de resarcir todo el daño que le hicieron.
Lo que le sucedió a Yáñez no fue único. Proceso publicó en mayo del año pasado una entrevista con Javier Camargo, propietario de Evya, una empresa de Ciudad del Carmen vinculada al sector petrolero, donde describió cómo Lozoya, “artífice de una trama de corrupción, tráfico de influencias y amenazas para apoderarse de la compañía” –en palabras de la revista–, lo presionó para que transfiriera la empresa que tenía 27 contratos con Pemex por 10 mil millones de pesos. Camargo explicó que cedió al chantaje porque estaba viendo lo que estaban haciendo con Oceanografía, acusada de un delito de fraude similar al que le endilgaban a Evya.
En octubre de 2015, cuando Lozoya todavía era el rey de Pemex, se publicó en este espacio: “Nadie quiere decir en voz alta lo que para algunos es un escándalo palaciego: la confrontación entre dos secretarios de Estado, Luis Videgaray, de Hacienda, y Pedro Joaquín Coldwell, de Energía, con el director de Pemex, Emilio Lozoya. Los temas son variados: mala gestión de la empresa por presuntas ilegalidades, como comisiones multimillonarias por entrar a la licitación petrolera, o pagos para conseguir citas con Lozoya.
“Varios inversionistas mexicanos y extranjeros se han quejado en los últimos meses de abusos por parte de mandos en Pemex. Funcionarios federales dijeron que el secretario de Energía investigó denuncias que uno de los colaboradores más cercanos a Lozoya le pidió siete millones de pesos a un empresario petrolero mexicano para conseguirle una cita con el director de Pemex. Otro caso se dio (en 2014), cuando representantes de una empresa petrolera texana estuvieron en Pemex para preguntar detalles sobre la Ronda Uno de la Reforma Energética. Les pidieron 20 millones de dólares, dijeron personas que hablaron con los inversionistas. Los petroleros se negaron y dejaron de interesarse en los campos que se pondrían a subasta meses después”.
Esa investigación conducía a la oficina del coordinador ejecutivo de la Dirección General, Froylán Gracia García, muy cercano a Lozoya, y quien se encargaba de mantener una casa en la colonia Nueva Anzures, con barra libre y mujeres eslavas, a donde se invitaba a políticos y empresarios a hacer negocios, y que fue referida en este espacio en mayo de 2017 con el título “La fiesta inolvidable”. Lozoya y Gracia García siempre negaron actos de corrupción cuando estaban en la Torre de Pemex.
Lozoya, incluso, mencionaba que sus colaboradores no tenían ninguna razón para pedir dinero, porque lo tenían de antemano, como Henríquez Autrey, cuya familia se había asociado con Alonso Ancira cuando se quedaron con Altos Hornos de México. Ancira se encuentra preso en España acusado de corrupción junto con Lozoya, en la compra-venta de Agronitrogenados con un sobreprecio.
Agronitrogenados es uno de los casos por los cuales se abrió un proceso a Lozoya, junto con los sobornos de Odebrecht y el Proyecto Etileno XXI. Las presiones a empresarios para quedarse con sus empresas petroleras, sin embargo, no tienen nada que ver con las acusaciones por las cuales Lozoya se encuentra en juicio, pero ayudan a entender que mucho de lo que se está viendo en este momento es apenas un fragmento de lo que se ha vivido en este país.
El exdirector de Pemex se encuentra en una situación de privilegio tras un acuerdo con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de colaboración a cambio de ofrecer información que permita romper cadenas de corrupción. Pero también se abre ahora una nueva vertiente de lo que pudiera enfrentar Lozoya, si los empresarios que se quejan de extorsiones y de que pidió millones de pesos, se animan y lo denuncian penalmente por sus atropellos.