En seguimiento a la línea marcada por su jefe político, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la maquinaria de propaganda manejada por su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, se puso en marcha. La línea a repetir era que la política exterior de Estados Unidos era injerencista, que quienes recibían financiamiento del Departamento de Estado eran traidores y estaban conspirando para dar un golpe de Estado. El Presidente busca la cohesión interna ante un enemigo inexistente, dentro y fuera de México, con imposturas nacionalistas medidas en su sonora retórica para la gradería.
López Obrador reveló que le hizo el reclamo a la consejera para seguridad territorial del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, cuando se reunieron el martes, y dijo que le envió una carta al presidente Joe Biden donde le reclama ese apoyo a “organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento… lo cual es a todas luces un acto intervencionista”. Es cierto. Esas acciones son injerencistas en los asuntos internos de otros países. También es cierto que el Presidente hizo mutis sobre el financiamiento que el mismo Departamento de Estado le da al Ejército.
Hablar de un golpe de Estado es un absurdo. Pero no lo hacen sus principales propagandistas por ignorantes, sino para generar corrientes de opinión pública a favor del Presidente. Aprovechan que los decibeles ensordecen las razones, por lo que nadie se pregunta: ¿quién planearía un golpe de Estado sin el apoyo de las Fuerzas Armadas? Quien tiene cooptado al Ejército y a la Marina, con dinero y poder, es López Obrador. Un golpe de Estado requiere condiciones de fractura en un país y el concurso del sector privado que, con la garantía castrense, financien la toma del poder, lo que durante décadas ha sido algo imposible en México.
Finalmente, a quien acusa de intervencionista es precisamente el factor más importante que frenaría un golpe, Estados Unidos. La última vez que hubo intentos serios, en cuanto a ideas, de buscar la toma del poder de manera inconstitucional fue en 1982, cuando la nacionalización de la banca generó mucha inestabilidad y un grupo de coroneles preguntó en Washington que si hubiera violencia en las elecciones e intervinieran, recibirían el apoyo. La respuesta fue tajante: jamás reconocerían un gobierno que no fuera producto de elecciones. Hoy, al ser México su principal socio comercial, nadie podría argumentar con seriedad que el Departamento de Estado está financiando a golpistas.
Y además, ¿para qué? El gobierno de Estados Unidos no necesita intervenir en México, y mucho menos en la actualidad. Hay muchos gritos en la mañanera y denuncias, además de lances y arrebatos del Presidente en contra de Estados Unidos, a veces llegando al insulto. Las pocas respuestas a acusaciones temerarias han sido respondidas con cautela. A Biden no le interesa un conflicto de fondo con López Obrador no sólo por razones estratégicas –tres mil 200 kilómetros de frontera común–, sino porque, en lo que les importa para su seguridad nacional, el Presidente hace lo que le pidan.
Esa postura echada para adelante que dice tuvo con Sherwood-Randall fue en la misma reunión donde la funcionaria le vino a explicar el final del Título 42, que la próxima semana desatará una ola de migración indocumentada a Estados Unidos al quitarse las restricciones que impuso el presidente Donald Trump, con el pretexto de sellar la frontera con México por la pandemia de covid-19, por lo cual Biden firmó una orden ejecutiva el 27 de abril pasado para enviar tropas a los estados en la línea internacional con México, para ayudar a la Patrulla Fronteriza en la contención y deportación de indocumentados. López Obrador dijo que estaban en su derecho, pero ocultó que aceptó que miles de centroamericanos expulsados de Estados Unidos, serán recibido en este país.
Sherwood-Randall fue también la que hace un mes recibió a todo el gabinete de seguridad mexicano para decirle lo que esperaba la Casa Blanca que hiciera para combatir el fentanilo. De manera sutil, le dio instrucciones y el gabinete de seguridad tomó nota para comenzar a cumplir con lo comprometido. En enero, cuando Biden se vio en la necesidad –por presiones domésticas– de ampliar el número de inmigrantes en el programa conocido como Permanecer en México, López Obrador aceptó sin chistar la extensión, en vísperas de la cumbre de líderes de Norteamérica, de ese programa que fue negociado con el canciller Marcelo Ebrard durante la transición con el gobierno de Trump, que antes había obligado a López Obrador a militarizar la frontera con Guatemala y frenar la migración centroamericana.
Lo que ha sucedido con dos administraciones en Washington es que López Obrador ha sucumbido a las presiones y accedido a las pretensiones tácticas y estratégicas de la Casa Blanca. Con Trump era a sombrerazos y bajo el régimen de terror al que lo tenía sometido; con Biden ha sido más terso y la estrategia más inteligente: que grite y diga lo que quiera en Palacio Nacional, mientras haga lo que le pidan. Es decir, le tomaron la medida.
Lo escuchan y le dan atole con el dedo. El encuentro con Sherwood-Randall puede ser un ejemplo. La consejera ha trabajado con Biden desde que era presidente del Comité Judicial del Senado, en 1986, y años más tarde fue directora asociada del Proyecto de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas del Centro Belfer, en la Escuela John F. Kennedy de Harvard, que cofundó con una figura legendaria, Graham Allison, cuyo equipo redactó la constitución de la República Checa.
La ayuda del Departamento de Estado a la sociedad civil y a la prensa libre busca fortalecer instituciones y revertir la ola antidemocrática que está destruyendo instituciones. Sherwood-Randall debió escuchar el alegato del Presidente sin inmutarse, porque esos fondos son un instrumento que emplean para fortalecer los valores democráticos occidentales. Podría ser, si sopesaran el precedente, recortar la poca asistencia que les dan, en la misma lógica: bálsamo para el Presidente, que como ningún otro antes, sigue el libreto escrito por Estados Unidos.
La ayuda del Departamento de Estado a la sociedad civil y a la prensa libre busca fortalecer instituciones y revertir la ola antidemocrática que está destruyendo instituciones