El puntero en las preferencias del voto presidencial, Andrés Manuel López Obrador, está tratando de salir de las aguas turbulentas en las que se metió desde hace varias semanas con el sector privado. “Tengan confianza”, les dijo en un decálogo publicado este miércoles en El Financiero. “No somos rebeldes sin causa y tenemos palabra. Sabemos cumplir nuestros compromisos. No se dejen asustar. Recuerden que ya gobernamos la capital de la República y establecimos allí una buena relación con el sector privado, nacional y extranjero. Seremos respetuosos de la autonomía del Banco de México. (Y) no gastaremos más de lo que ingrese al erario; es decir, operaremos la administración pública sin déficit”.
No está claro si esta carta ayudará a disminuir los temores que ha causado entre los hombres y mujeres del dinero, al seguir mostrando algo que se ha vuelto costumbre, la contradicción permanente de sus palabras y compromisos. Por ejemplo, en el decálogo ofreció un déficit cero, que es lo que ha mantenido como dogma el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y lo que han buscado por definición los secretarios de Hacienda en este siglo, egresados todos del ITAM, la institución que acusó en un video publicado en YouTube de haber educado a quienes han mantenido al país sin crecimiento. El año pasado presentó ante inversionistas de Citibank, en Nueva York, su programa financiero, quienes le dijeron que sus números estaban equivocados y que no cuadraba fiscalmente lo que prometía.
López Obrador no entró en la discusión, y como en otros eventos similares en la Ciudad de México, dijo que eso se ajustaría más adelante, con lo cual quedarían resueltas sus dudas. La explicación no se ha dado, pero él ha mantenido, fortalecido y ampliado las promesas que empezó a desvelar en los lineamientos generales de su Proyecto Alternativo de Nación, dados a conocer en noviembre de 2016. De acuerdo con un costeo de los recursos que se necesitarían para poder llevarlo a cabo, el programa de López Obrador requeriría de aproximadamente 80% adicional del Presupuesto de la Federación en 2018. El Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para este año es de cinco billones 279 mil millones pesos, a lo cual tendrían que sumársele cuatro billones de pesos, cuando menos, para poder cumplir sus promesas.
Un análisis del costo de las promesas de López Obrador desarrollado por analistas financieros críticos de su proyecto, y cotejado con las cifras que han desarrollaron técnicos independientes, establece cuánto se requeriría para que cumplan sus compromisos de campañas. Como botones de muestra:
1.- Suprimir los impuestos especiales a combustibles y subsidiar la luz y la electricidad: 284 mil millones de pesos.
2.- Cerrar a Pemex una vez más y mantenerlo estatizado: 951 mil millones.
3.- Cerrar la Comisión Federal de Electricidad al capital privado: 118 mil millones.
4.- Becas a alumnos de educación básica y media superior: 284 mil millones.
5.- Becas a 300 mil estudiantes: ocho mil millones.
6.- Subsidio a personas de la tercera edad: 109 mil millones.
7.- Subsidios a vivienda: 128 mil millones.
8.- Salud gratis para todos: 264 mil millones.
9.- Descentralizar las secretarías de Estado: 289 mil millones.
10.- Trenes bala al norte del país: 186 mil millones.
11.- Internet gratis para todos: 53 mil millones.
12.- Consulta bianual para la revocación de mandato: tres mil millones.
No son las únicas propuestas económicas onerosas de su programa. En el caso del pequeño aeropuerto alterno que plantea en Santa Lucía, por mencionar un caso donde habría que analizar con mayor profundidad los recursos que se tendrían que invertir, aunque el costo de la instalación es de 19 mil millones de pesos, no contempla toda la infraestructura carretera y de transporte público que tendría que ser desarrollada, ni tampoco el dinero destinado al traslado de la base aérea militar y de miles de personas directamente asociadas a ella a otra ciudad. Otro caso es el costo de 105 mil millones que tendría el que no se rechazara a nadie en las universidades, y los recursos adicionales para la infraestructura en las escuelas y las nuevas redes de transporte que tendrían que crearse para satisfacer las necesidades de la movilidad.
En el decálogo al sector privado, López Obrador dijo que los recursos necesarios para su programa saldrían del combate a la corrupción, cuyos “políticos corruptos y los traficantes de influencias se roban 20% del presupuesto público; es decir, más de un billón de pesos anuales”. La corrupción, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad, alcanzó en 2015 un 5.0% del PIB, que significó 906 mil millones de pesos. Es decir, aun combatiéndola con toda efectividad y suponiendo que nadie en su gobierno roba nada ni trafica influencias, se quedaría corto de los recursos necesarios para llevar a cabo su ambicioso programa de gobierno. Si bien no hay duda que el diseño de López Obrador es noble y éticamente correcto, presupuestalmente las matemáticas, definitivamente, no se le dan.