Quien conoce a Alejandro Gertz Manero sabe que el fiscal general es muy vengativo. Dos décadas de ocupar altos cargos en gobiernos federales han mostrado cómo utiliza la fuerza para embestir a sus rivales, a familiares o a cualquier persona que considere lo ha agraviado. En las últimas semanas vimos la sevicia con la que actuó en contra de la familia de su hermano fallecido, donde un juez finalmente le puso un alto, pero en los últimos días, este hombre, que es un impenitente sin remordimiento y con un hambre insaciable para la vendetta, la emprendió contra un amplio sector de la comunidad científica que, sin duda alguna, causará un escándalo.
Gertz Manero solicitó una orden de aprehensión en contra de 31 científicos, investigadores, académicos y personal administrativo, para que sean llevados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El fiscal partió de una denuncia de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, que tiene sus propias fobias contra la comunidad científica, por los presuntos delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, que Gertz Manero decidió escalar para refundirlos en Almoloya.
La acusación del fiscal tiene un enorme sabor a venganza, luego de que la comunidad científica se levantó a gritos y protestas porque Álvarez-Buylla lo aprobó como investigador del nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores, reservado para quienes hayan hecho contribuciones significativas en su campo de experiencia, luego de una década que lo había intentado sin éxito porque, hasta antes de este gobierno, los evaluadores del Consejo de Aprobación habían concluido que no tenía los méritos suficientes. En el proceso, Gertz Manero se convirtió además en objeto de crítica cuando el escritor Guillermo Sheridan documentó un plagio flagrante en la biografía que escribió de Guillermo Prieto, que la directora del Conacyt calificó como una “obra notable”.
Se puede argumentar que el pago que le hizo Gertz Manero por ese servicio fue elevar el número y la gravedad de los delitos, que le permitieron canalizar su furia contra los científicos. El fiscal general puede alegar que actuó conforme a derecho, pero hay dos elementos que lo contradicen. Por un lado, la respuesta del juez en El Altiplano, donde se integró la causa penal, que en primer lugar cuestiona que los hechos que se imputan hayan ocurrido en el Estado de México, donde se encuentra radicado, por lo cual los jueces tendrían que declararse incompetentes, y en segundo lugar, señala que la Fiscalía no justificó con fundamento, razones o motivos, por qué quiere que sean encarcelados en esa prisión donde están capos del narcotráfico o delincuentes que requieren de una alta seguridad.
Por el otro lado, en respaldo a la conjetura de que Gertz Manero actuó con sed de venganza, la directora del Conacyt ha estado diciendo a funcionarios del gobierno federal y científicos, a manera de deslinde del fiscal, que ella nunca presentó una denuncia por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o delincuencia organizada. La denuncia de Álvarez-Buylla se centra en el presunto financiamiento ilegal del Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es un órgano de consulta permanente del Ejecutivo federal y de la Junta de Gobierno del Conacyt, fundado en 2002, que fue motivo de un diferendo a partir de una reforma en la Ley de Ciencia y Tecnología en diciembre de 2019, resuelto en un amparo de la Suprema Corte este año, donde reconoció que antes de la reforma, esa asociación civil tenía una figura legal válida para ejercer sus funciones y recibir recursos.
De acuerdo con abogados, ese amparo hace que la denuncia de Álvarez-Buylla y la acusación de Gertz Manero carezcan de sustento jurídico respecto a los presuntos delitos de peculado (desvío de recursos para beneficio personal) y uso ilícito de atribuciones y facultades. Desde el punto de vista jurídico, ello conduce a que las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, tampoco procedan.
Pero desde el punto de vista político y administrativo, es una aberración lo que hizo el fiscal. Sólo como botón de muestra, si son recursos del Conacyt los que se transfirieron al foro, es dinero que salió del presupuesto. Entonces, ¿de dónde afirma que eran de “procedencia ilícita”? Si el dinero no tenía ninguna procedencia ilícita, ¿sobre qué establece el delito de delincuencia organizada?
Por lo que hemos visto, a Gertz Manero no le importa apegarse a la ley, sino a su visión de la justicia personal. Las dos principales figuras de la comunidad científica que quiere encarcelar en El Altiplano son Enrique Cabrero, miembro de la Academia de Ciencias, ex director del Conacyt y del CIDE, catedrático en México, Francia y el Reino Unido, y a Julia Tagüeña, doctorada en la Universidad de Oxford, que fue coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Pero hay otros científicos de gran reconocimiento en el campo de la física, la salud, el medio ambiente, y varios han trabajado en gobiernos e instituciones académicas.
En la denuncia original, Álvarez-Buylla acusó a varios exfuncionarios de Conacyt, dentro de su lucha contra administraciones anteriores, pero lo que rebasa los límites de la razón y la comprensión es la actitud de Gertz Manero, que es un fiscal sin freno –no tiene nada que ver con la autonomía del cargo– que da la impresión, a partir de hechos objetivos, de que la justicia que se supone debe impartir pasa más por su temperamento, sus fobias y sus rencores, no por la aplicación justa de la ley.
Un fiscal con ese talante vengativo es una amenaza para cualquiera, porque en cualquier momento puede inventar acusaciones contra quien le caiga mal o acomodar la ley a su agenda personal. Si al final del camino todo se le desmorona, como ha sucedido, habrá infligido un daño a su fama y reputación de manera irreversible, sin que eso parezca preocuparle.
En cualquier momento puede inventar acusaciones contra quien le caiga mal