El artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene 18 hipótesis por las cuales estaría impedido un ministro para conocer de los asuntos. En ninguna de ellas figura el que una posición política en el pasado obligue a que se excuse de participar de un asunto que se ventile en la Suprema Corte por el supuesto de conflicto de interés. De esta manera, la petición de la oposición en el Senado para que la ministra Loretta Ortiz, que elaboró el proyecto de la reforma eléctrica que va en el sentido que lo desea el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, como diputada del PT y Morena, votó contra la reforma del presidente Enrique Peña Nieto, no tiene fundamento legal. Sin embargo, esto no hace a la ministra una persona honesta. Todo lo contrario. A espaldas de sus pares le envió una tarjeta al Presidente para informarle cómo iba el proyecto. No hubo necesidad de hacerle correcciones. La ministra entendía perfectamente lo que quería su jefe formal.
López Obrador vio con beneplácito que los nombramientos que hizo en la Corte están empezando a dar los resultados que buscaba, darle la vuelta en la Corte a las decisiones contra sus megaobras en tribunales inferiores. El método ha sido reiterado. Si la ley no se ajusta a su realidad, cambia la ley. Si hay obstáculos en su camino, encarga quién los elimine. De esta forma, los tres proyectos de la ministra Ortiz desestiman las acciones promovidas por la Comisión Federal de Competencia y por un grupo de senadores, donde jueces especializados determinaron que violaba los principios constitucionales de libre competencia y concurrencia en el mercado eléctrico. También, la ministra considera que no viola el acuerdo comercial norteamericano.
Los proyectos son una calca de las declaraciones del Presidente, que atacó a los jueces por sus fallos y se exaspera porque la reforma eléctrica está congelada, por lo que ordenó meter el acelerador. La próxima semana arrancará en la Cámara de Diputados el proceso para dictaminar la reforma eléctrica, que quisieran votar antes de Semana Santa, que empieza el 10 de abril, justo el día de la consulta para la revocación de mandato. La Corte tiene previsto debatir los proyectos de la ministra Ortiz el 5 de abril.
La ministra Loretta Ortiz no trabaja para vigilar la constitucionalidad de los actos públicos, sino para satisfacer los deseos del Presidente. Por lo minucioso de la tarjeta que le envió sobre los proyectos, no necesitaron ajustes algunos. Esto no debería causar sorpresa alguna, al haber sido parte de la estructura de Morena hasta antes de ser nombrada para ministra de la Suprema Corte y estar casada con un incondicional del Presidente, José Agustín Ortiz Pinchetti, el fiscal para Delitos Electorales, el portero que neutraliza lo que le pide López Obrador. Esta relación, a diferencia del asunto de la reforma eléctrica, sí la colocó en un conflicto de interés –que le perdonaron en la Corte– en el caso de los amparos a Laura Morán y Alejandra Cuevas, parientes políticas del fiscal Alejandro Gertz Manero, jefe de su esposo.
Ortiz alegó que no había ningún conflicto de interés y que no se excusaba. Por lo tanto, quien había hecho parte de su vida profesional la defensa de los derechos humanos, votó en contra de los derechos humanos de las señoras Morán y Cuevas y se alineó con el deseo en ese momento del Presidente: el apoyo limitado a Gertz Manero. Estos amparos serán revisados de nueva cuenta hoy en la Suprema Corte, pero el ánimo hacia el fiscal giró. López Obrador se negó a su petición de influir en los ministros para que hoy votaran en contra de su liberación, por lo que la probabilidad de que al terminar el día se les haya hecho justicia, es muy alta. Igual podría decirse de la ministra Ortiz. Si mantiene consecuente su obsecuencia ante el Presidente, votará con la mayoría.
La ministra forma parte de la destrucción acelerada de los contrapesos del Estado mexicano, cuya estrategia ha sido la eliminación de aquellos órganos que cuestan políticamente poco, y la colonización de aquéllos que desaparecerlos implicaría conflicto, querellas internacionales y una controversia que sólo lo atorarían en sus objetivos. No obstante, hay que subrayar que el hecho de que un presidente designe a ministras o ministros que piensen con el mismo marco de referencia, no es algo extraño ni inusitado. En México y en otras partes del mundo así lo hacen sus líderes, porque eso les permite consolidar sus programas y lograr sus objetivos.
El problema de la ministra Ortiz es que se convirtió en una especie de títere de López Obrador. Podía haber elaborado los tres proyectos de acuerdo con su pensamiento y creencias, lo que no significaría una subordinación al Presidente. Lo que le cambia la esencia y modifica su actuación, convirtiéndola en accesoria de Palacio Nacional, es que le haya enviado los proyectos para su aval. Enviar los proyectos no está tipificado como delito. Hacerlo con fines de alinear los objetivos de una parte interesada, legalmente tampoco, porque no está tipificada tal aberración. El problema es político y ético, lastimando la independencia de la Suprema Corte en momentos donde temas de alto impacto han hecho mella en ella.
En noviembre del año pasado, cuando fue elegida como ministra por el Senado, aseguró que sus votos sería autónomos e independientes, y que si hubiera una circunstancia por la cual tuviera un interés en un asunto, se excusaría. No ha tardado mucho en mostrar de qué está hecha. No se excusó en el caso de la familia política del fiscal Gertz Manero, y no es ni autónoma ni independiente. Fue nominada por el presidente López Obrador a la Suprema Corte porque era confiable y podía contar con ella en los casos donde la necesitara. El Presidente dejará el poder en 2024, pero ella continuará en el cargo. Un juicio sobre sus actos y votos seguramente vendrá.