Las columnas políticas están saturadas con el clamor a que renuncie el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, por la tragedia en el Paso Express de Cuernavaca, donde la semana pasada dos personas murieron al caer en un hoyo a la mitad de la autopista.
Lo absurdo de esta muerte desató la presión contra Ruiz Esparza, quien dijo no me voy hasta que así lo determine mi jefe –a quien le transfirió esa responsabilidad–, el presidente Enrique Peña Nieto, que ha probado ser protector de la incompetencia. Ruiz Esparza debió renunciar, no por culpable sino por responsable, o el presidente darle ese empujón y limitar el daño en él. Al no ser así, el socavón se convirtió en la metáfora de su gobierno, donde todo lo malo que sucede se le pega a él.
¿Por qué Ruiz Esparza debió haber sido cesado, o de manera políticamente responsable haber presentado su renuncia? Porque un servidor público debe regirse por la ética institucional. Pero si no bastara el compromiso para el presidente que le encargó una delicada responsabilidad, por mentiroso.
El columnista Carlos Puig lo documentó el viernes pasado en Milenio, al recordar que para presumir la obra de 14 kilómetros y medio que no era nueva sino era una ampliación del libramiento en Cuernavaca, el staff de propaganda gubernamental grabó un spot donde Ruiz Esparza decía:
“El concreto asfáltico que estamos viendo aquí… es sin duda un material más resistente. No tenían drenaje, entonces tuvimos que hacerles un drenaje para que la carretera en un momento dado tuviera circulación de agua y las casas de al lado pudieran desahogar también los líquidos de sus casas”.
La justificación que dio Ruiz Esparza tras el socavón, fue que las lluvias atípicas habían tapado un drenaje que tenía 40 años de viejo. Entonces, ¿dónde quedó el drenaje que construyó su secretaría? O fue una mentira flagrante, o hay un público caso de corrupción. ¿Cuál es de los dos secretario? La memoria corta ayuda a salirse por la tangente.
Cuando se mostró que las autoridades en Morelos y los vecinos llevan más de ocho meses advirtiendo sistemáticamente sobre la mala obra y los riesgos con el drenaje, cesó al delegado de la SCT en Morelos y a cuando menos siete funcionarios más en las oficinas centrales. La omisión es una violación a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos. El delegado, entonces, incumplió su trabajo. ¿De dónde salió?
El columnista Julio Hernández lo explicó el viernes en La Jornada. Hace ocho años, José Luis Alarcón Ezeta era director de la escuela de idiomas Harmon Hall, que fundó su padre. Lo nombraron delegado de la SCT por recomendación del gobernador Graco Ramírez, tras haber realizado actividades empresariales con Cuauhtémoc Ochoa.
Este hombre, no lo menciona en la columna Hernández, es parte importante del círculo interno del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de quien fue funcionario cuando era gobernador en Hidalgo, y uno de los enclaves políticos de Bucareli en la Secretaría del Medio Ambiente. Sin ningún nexo previo con el gobernador, se puede alegar que su recomendación fue un favor político a Osorio Chong.
Es importante recordar la conexión entre el secretario de Gobernación y los delegados. De acuerdo con funcionarios federales, 80 por ciento de los delegados de la SCT fueron impuestos por la Secretaría de Gobernación.
Es decir, en ocho de cada 10, como en el caso de Alarcón Ezeta, el secretario Ruiz Esparza no tuvo ni voto ni veto. Los delegados federales son como subsecretarios en los estados donde están comisionados, aunque no todos son tan poderosos como los de la SCT, porque son los responsables de distribuir los recursos para las obras –esa dependencia es la que más gasta– y repartir los trabajos entre los grupos regionales.
Esa racional permitió al gobierno federal repartir las obras entre empresas de todo el país, lo que se modificó en el gobierno de Peña Nieto, donde los beneficiados notoriamente, incluso en tierras muy lejanas de sus orígenes, fueron mexiquenses e hidalguenses.
Cuando se extraña e indigna el presidente porque tiene tan mal ánimo y ambiente en todo el país, haber roto la distribución regional de obras es una de las razones que debería de tomar en cuenta.
El avasallamiento de los suyos y del secretario de Gobernación sobre los recursos de los contribuyentes para las obras, es una explicación del porqué en todas las mediciones sobre percepción de corrupción en el extranjero, el gobierno de Peña Nieto ha retrocedido significativamente en los rankings globales.
En Gobernación, como en Comunicaciones y Transportes, el presidente no ha hecho nada por reparar las anomalías. Qué tanto sabe de lo que se hace en su gobierno, es una incógnita sin resolver.
En todo caso, el socavón es una metáfora continuada del sexenio peñista: un gobierno de cuates, donde el amiguismo se sobrepone a las capacidades; una tibieza en la mano presidencial que le impide sacrificar a quien no dé resultados o que le genere conflicto; tortuguismo para tomar decisiones políticas y éticas, por citar tres de los más sobresalientes.
El viernes pasado hubo una reunión de gabinete en Los Pinos, donde se revisaron los avances del sexenio y los logros de la reforma energética. Del resto de los temas nada.
Por cuanto a incompetencia, corrupción, inseguridad, violencia, ingobernabilidad, desprestigio, los calificativos que se convierten en sustantivos sobre su gobierno, ni una palabra revelada. Otro botón de este sexenio fallido: esconder la cabeza pensando que si no ve nada, nada pasa.