Todo está muy bien, dice el gobierno, pero es todo lo contrario. Asesinatos continuos de aspirantes a puestos de elección popular. Masacres de cuerpos de seguridad en emboscadas. Matanzas de civiles. Balaceras en destinos turísticos. Amenazas de muerte a periodistas. Crímenes contra activistas a favor de los derechos humanos.
Vivimos tiempos de impunidad, y el país sigue teñido de rojo, pese a los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de cambiar a golpe de palabras y estadísticas trucadas el color de nuestra realidad. Es una farsa lo que presumen las autoridades sobre los avances en el tema de la seguridad. Y es un engaño para quienes creen las falsedades que salen de Palacio Nacional.
Dice el presidente López Obrador que los homicidios dolosos se concentran en seis estados y que antes no hacían lo que están haciendo. Todos los gobiernos previos combatieron al crimen organizado para bajar la espiral de homicidios dolosos, incluso el de Enrique Peña Nieto, que comenzó su administración sin confrontarlo. Lo que antes no hacían es lo que hace ahora el de López Obrador: darle un día de campo a los cárteles de la droga.
La decisión se oficializa, y por medio de instrucciones escritas, ordenaron a los jefes de la Guardia Nacional que no se les ocurriera enfrentar a los criminales, y que cuando se toparan con ellos en el camino, se echaran a correr. Obviamente lo frasean de otra manera, pero para efectos prácticos, es lo que sucede. Luego el Presidente se queja que el Pentágono diga que el 30% del territorio mexicano está en manos de criminales.
Seis estados, dice López Obrador, concentran la mayoría de los crímenes. Antes eran menos los estados más violentos, pero igual criticaba el Presidente a sus antecesores. En Ciudad Juárez o en Torreón, la violencia, que era intensa, se concentraba en unas cuantas colonias, y en la zona metropolitana de Monterrey, en cuatro municipios. De ninguna manera la focalización del crimen justifica las fallas o limitaciones de la estrategia, pero no había gobierno que tuviera la cara dura de minimizar la violencia y reducirla geográficamente para injertar, con la fuerza de las palabras que no tiene en la calle, una idea de avance.
El crimen está desatado, y la narrativa de que no es así, también.
Como botón de muestra, los delitos federales –aquellos relacionados con armas de fuego, contra la salud o patrimoniales, que son los más comunes– crecieron 5% en febrero en comparación con enero de este año. Pero para marzo, de acuerdo con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la incidencia delictiva había caído 19%. Veinticuatro puntos de un brinco, de negativo a positivo, parece algo extraordinario. Sin embargo, lo único excepcional es que modificaron el criterio en el gobierno federal, no sólo para edulcorar el amargo sabor del fracaso en la política de seguridad, sino que hicieron de la metodología un caldo de todos los moles.
Por ejemplo, detalló el reportero Jonathan Nácar, entre enero y febrero de este año la incidencia de secuestros subió 48%, pero para el gobierno federal, tuvo una reducción de 60%. “En materia de secuestro –dijo Rodríguez en la mañanera del lunes– tenemos las cifras más bajas de los últimos años”. No es así. De acuerdo con Nácar, especialista en temas de seguridad, la comparación que hizo la secretaria fue con el bimestre de hace dos años, lo que es una trampa, que sólo se explica políticamente porque el dato real que se dejó bajo la mesa reflejó el mayor aumento de secuestros desde noviembre pasado. Es decir, para esconder la realidad, se juega libre y mañosamente con la estadística, que les es bastante desfavorable.
La consultora TR Research reportó que, hasta marzo, el total de homicidios dolosos durante el sexenio de López Obrador sumaba 78 mil 709. Esto significa que se ha dado un promedio de 2 mil 811 asesinatos dolosos –que son aquéllos que se hacen a conciencia a sabiendas– por mes, que es el volumen más alto que haya tenido presidente mexicano alguno.
Durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto se contabilizaron 156 mil 400 homicidios dolosos, que significaron un promedio mensual de 2 mil 172.2 durante su administración; es decir, hoy se cometen casi 709 más homicidios dolosos cada mes, o 23.6 diarios más que en el anterior gobierno.
En la administración del presidente Felipe Calderón, que identifican López Obrador y sus principales propagandistas como el más violento de todos –por eso lo llaman “asesino” y quieren llevarlo a juicio–, se contabilizaron 121 mil 600, que significó un total de mil 688.8 por mes, mil 112.2 menos que en el actual gobierno. Y en el de Vicente Fox, el total de homicidios dolosos llegó a 60 mil 200, 836.1 por día, cifra que en lo que va del sexenio se ha elevado en poco más de 250%.
La estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador se asienta en la propaganda, no en el combate a criminales. Utilizan las palabras para engañar, no para informar. Y lo hacen por sistema, como dijo el lunes el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, que el reclutamiento en ese cuerpo casi alcanzó las 100 mil personas, cuando en realidad son préstamos que le han hecho el Ejército y la Marina.
Las palabras del Presidente tienen mucha credibilidad en la opinión pública, pero son huecas y tramposas.
Este martes volvió a arremeter contra Calderón, y dijo que él “no hubiera declarado una guerra contra la delincuencia para legitimarse después del fraude”. López Obrador no necesita pretextos. Jamás declarará la guerra contra los cárteles, es complaciente con ellos; no los persigue, los protege –como a Ovidio, el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, durante el culiacanazo– y los justifica. Los números de homicidios dolosos crecerán y nuevas chapucerías veremos en el gobierno para esconderlos.