Quien dirige las guerras nunca está en la primera línea de fuego. Si bajo su mando se encuentra todo un Ejército y depende de su experiencia y estrategia el futuro de sus tropas y de todo lo que defiende, ¿es concebible que sea la persona que más se exponga a ser anulada de la batalla? Un Ejército sin cabeza se desarticula.
Permitirlo es una tontería, pero la semana pasada eso sucedió en el gobierno de México. El presidente Enrique Peña Nieto se batió en el campo de batalla de la opinión pública para responder las denuncias de espionaje contra periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, y lo acribillaron.
Si ello no fuera suficientemente equívoco, el presidente se fue a la guerra solo, sin generales, capitanes, o tropas detrás de él. Abandonado por sus colaboradores en Los Pinos y su gabinete de seguridad, que debió haberlo resguardado, lo aplastaron.
¿Quiénes le fallaron?
El jefe de Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, es el primer nombre en el colapso del respaldo a Peña Nieto. Desde que apareció la denuncia de espionaje en el diario The New York Times, Guzmán debió haber recomendado al presidente una estrategia para hacer frente a lo que venía. Guzmán, que se distingue por su incondicional lealtad a Peña Nieto pero no por su brillantez estratégica, poco hizo.
La denuncia creció en impacto en México y en el mundo. En Los Pinos decidieron que un oscuro funcionario de tercer nivel fuera la voz del gobierno, sin entender la gravedad de lo que esa denuncia significaba. Tres aspectos concatenados pasaron sin reflexión en Los Pinos:
1.- Que la denuncia establecía que el espionaje se realizó a través de un programa que sólo se vendía a gobiernos, y que en el caso del mexicano, los únicos contratos conocidos eran de la Secretaría de Gobernación, el Cisen y la PGR.
Debieron pensar que la carta era suficiente porque el presidente y el equipo al mando de Guzmán, aseguraba desde que se difundió la información, que era mentira y que tendría que ser probada. Es decir, el problema no era del gobierno, sino del Times y los acusadores.
2.- El gobierno del presidente Peña Nieto, como actor sobresaliente de la iniciativa de Gobiernos Abiertos, estaba en entredicho. Esta iniciativa es una plataforma internacional donde compromete a sus signatarios a hacer a sus gobiernos más abiertos, responsables y sensibles a los ciudadanos, con mecanismos de rendición de cuentas incluidos.
Si la Presidencia negó que se espiara, sin abrir inmediatamente una investigación interna para deslindar responsabilidades sin apelar a actos de fe, lo que transmitió no es sólo la negación a la posibilidad de infractores de la ley dentro del gobierno, sino la cerrazón para poder verse hacia su interior y castigar a los eventuales violadores de la ley.
La actitud siembra la posibilidad de que expulsen a México de esa plataforma.
3.- Con el paso de los días surgió más información sobre el espionaje. Entre ella, la posibilidad de que uno de los centros de fusión financiados por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, que fueron creados para que funcionarios de los dos países realizaran trabajos de inteligencia para combatir a los cárteles de la droga o a terroristas, fuera el lugar desde donde se enviaron cientos de mensajes a teléfonos celulares para infectarlos con programas para clonarlos y activar remotamente su video y audio.
Si esto es confirmado por Estados Unidos, hay dos opciones: o participaron en el espionaje en México, o el espionaje fue hecho a sus espaldas, con su dinero.
Un conflicto diplomático, en el caso que desconozcan lo que se hace en esos centros, tocaría la puerta.
A decir por las declaraciones hechas por el presidente el jueves pasado sobre el espionaje, es muy probable que todas estas consideraciones fueran soslayadas por su equipo en Los Pinos, ante la determinante línea discursiva de Peña Nieto que enseñó la ausencia de escenarios planteados por su equipo.
Se puede argumentar lo mismo en las áreas donde debían haber trabajado las posibilidades y probabilidades de respuesta y acción, particularmente en la Secretaría de Gobernación y la PGR.
Ni hicieron nada en público que aportara información contundente para impedir que a la denuncia original se le fueran añadiendo pruebas de espionaje ni tampoco salieron sus titulares a la defensa de Peña Nieto.
Notable por su distancia del presidente fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, jefe del gabinete y responsable de la seguridad, cuya dependencia es una de las que adquirió Pegasus, programa que usaron para espiar, y que también compró el Cisen, que está bajo su mando, dirigido por un incondicional, Eugenio Imaz, que tampoco dio la cara por el Presidente.
Osorio Chong debió haber sido la voz del gobierno, pero no lo hizo. Dejó que su jefe se enfrentara solo y diera la cara por él, a quien más protegió el presidente con sus afirmaciones de la semana pasada. La misma actitud tuvo el procurador general, Raúl Cervantes, cuya dependencia tiene ese programa para combatir criminales.
Ninguno prestó el cuerpo y permitieron que fuera el presidente quien peleara en la arena pública. Si alguien tenía que quedar lastimado y dañado, ¿tenía que ser el presidente?
Por supuesto que no. Era la última instancia; la última frontera del gobierno. La realidad fue diferente. Dejaron a su jefe y líder peleando sólo en la línea de fuego. Ellos, se quedaron a buen resguardo.