Raymundo Riva Palacio: El repudio a López Obrador

Con 65 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones, el Congreso declaró ayer persona non grata a López Obrador por violar un principio de derecho internacional por no entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú, como correspondía este semestre, y rechazó las “inaceptables” declaraciones realizadas –que Boluarte es una usurpadora e ilegítima–, que constituyen, “una vez más… una violación del principio de no injerencia en los asuntos internos”. Es cierto lo que planteó el Congreso peruano, pero no deja de ser una acción política y simbólica, porque quien tiene la facultad establecida por la Convención de Viena no es el Parlamento, sino el gobierno.

Para efectos prácticos, la única consecuencia para López Obrador tras la decisión del Congreso es que no podrá viajar a Perú, lo que no le significará problema alguno. Mientras Boluarte siga en la Presidencia, López Obrador no viajará a Perú. Pero las relaciones diplomáticas mantienen el statu quo que se produjo desde los primeros enfrentamientos entre los mandatarios, luego de que López Obrador afirmara que la clase política, los militares, la policía, el Legislativo y los empresarios, se unieron para destituir al presidente Pedro Castillo. López Obrador rechaza que haya intentado dar un golpe de Estado para evitar su destitución y considera que fue un complot del Estado peruano en su contra.

El conflicto entre López Obrador y Boluarte ha ido subiendo su temperatura. Hace una semana y media volvió a insultar a Boluarte y dijo que no era “legal” ni “legítimamente” presidenta de Perú, lo que motivó una rápida respuesta de la canciller Ana Cecilia Gervasi, y puso en marcha a la maquinaria oficialista en el Congreso, cuya Comisión de Relaciones Exteriores aprobó esta semana una moción para que el pleno declarara persona non grata al Presidente mexicano en su sesión plenaria de este jueves. Previamente el Congreso peruano declaró personas non gratas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y al expresidente de Bolivia Evo Morales, quienes, junto con López Obrador, han tenido una posición muy beligerante a favor de Castillo.

Boluarte responsabiliza a Morales de haber instigado las revueltas indígenas que han puesto en jaque a su gobierno desde que asumió la Presidencia en diciembre del año pasado, y a López Obrador y Petro por su posición crítica, que le ha dado indirectamente una cobertura política a la oposición interna. La postura de los dos presidentes ha ido ganando terreno en desligitimarla internacionalmente, mientras que internamente hay un deterioro creciente de su figura y su gobierno.

Desde que asumió la Presidencia el 7 de diciembre, Boluarte no ha dejado de enfrentar crisis sucesivas, sobre todo por las protestas que se extendieron desde que tomó el poder hasta febrero, que demandan que renuncie y que se adelanten las elecciones presidenciales. La fiscalía peruana recientemente inició una investigación en su contra por la muerte de 17 personas en Juliaca, en enero, que siguió a una previa por “presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” cometidas durante las manifestaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023 en seis regiones del país. A su vez, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos la incluyó en la investigación por “presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de dinero y organización criminal”, donde figura Castillo.

Declarar a López Obrador y Petro personas non gratas busca convertirlos en enemigos que fortalezcan la cohesión interna. Sin embargo, no lo ha logrado. La propia votación de ayer en el pleno legislativo muestra la falta de consenso de Boluarte y la polarización de las fuerzas políticas peruanas, aunque aún no está en el horizonte su caída como presidenta. López Obrador parece desear que así suceda, aunque no lo ha dicho de manera abierta.

Su reacción, hasta ahora, sigue estando en el ámbito político. Las relaciones diplomáticas se mantienen y los intercambios comerciales no han sufrido merma. Esto no deberá variar porque, visto el orden de cosas en Perú, es mucho más conveniente para los propósitos de López Obrador –la restitución de Castillo en el poder– mantener abierta la misión mexicana, como lo hizo el presidente José López Portillo en El Salvador, donde la embajada se convirtió en santuario para opositores del régimen, y desde donde se realizaron acciones nocturnas de sabotaje para ayudar a la guerrilla a generar inestabilidad.

López Obrador no seguirá el ejemplo de López Portillo en El Salvador de avalar acciones clandestinas, o lo que hizo en Nicaragua, donde rompió relaciones con el régimen de Anastasio Somoza en el momento exacto para contribuir a un cambio en los equilibrios internos y fortalecer su caída. En ese entonces México contó con la colaboración de Francia y Venezuela en El Salvador y en Nicaragua. Hoy, López Obrador está trabajando junto con Petro para socavar el poder de Boluarte, pero sin mostrar una estrategia de largo plazo. Su aventurismo parece coyuntural.

A diferencia de lo que hizo López Portillo en El Salvador, que mantuvo al personal de la embajada de México sin meterlo en problemas. López Obrador envió a Lima a Pablo Monroy, un troglodita embajador que fue declarado persona non grata por su torpe injerencismo en los asuntos internos de Perú. El camino retórico de López Obrador no tirará a Boluarte ni regresará a Castillo al poder. Su intervencionismo no es estratégico, sino ideológico, lo que le generará desgaste y no le garantiza un éxito final.