En el gabinete de seguridad en Palacio Nacional, el 1 de febrero, el general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, presentó un informe detallado sobre Sangre Nueva Zeta, una organización criminal que no era nada hace dos años, hoy asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha extendido por los territorios dominados por los huachicoleros, en donde surgieron. Ya no se considera una banda delictiva menor, sino una estructura que en poco tiempo adquirió fuerza, dinero, poder y capacidad de fuego, como consecuencia de la nula estrategia de combate al crimen organizado, que la convierte en la primera de envergadura que nace durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los inicios de esta organización fueron a finales de 2019, cuando aparecieron dos narcomantas en Puebla que se atribuyó un grupo desconocido hasta entonces, Sangre Nueva Zeta, y que fue desestimado por las autoridades como una amenaza, aunque no dejaron de investigar. Tampoco hubo mayor atención del gobierno federal y, como sucede cuando se incurre en esta negligencia, la banda creció. Poco más de dos años después, la Fiscalía General de la República detuvo a dos supuestos líderes de esa organización, identificados como Jalit Cano, apodado el Mamer, y Juan Antonio González, el Barbas, a quienes buscaban por los presuntos delitos de robo de hidrocarburos, extorsión, narcomenudeo y asalto a transporte, pero era demasiado tarde.
Sangre Nueva Zeta, que surgió de los huachicoleros que trabajaban para Los Zetas, se fue fortaleciendo y extendiendo sus redes de influencia más allá del llamado Triángulo Rojo, que comprende los municipios poblanos de Acajete, Acatzingo, Palmar del Braco, Quecholac, Tecamachalco y Tepaca, y se desplegó con fuerza a Veracruz y Tlaxcala, bajo el liderazgo general de Roberto de los Santos de Jesús, apodado el Bukanas, que había entrenado a sicarios halcones de Los Zetas. De acuerdo con reportes de la inteligencia militar, esta organización probablemente ya también está operando en San Luis Potosí, disputándole la plaza a Los Zetas.
Desde que se empezó a convertir un problema regional el robo de combustible, en 2012, el Bukanas figuraba como el cabecilla de los delincuentes, sin que las autoridades federales actuaran en su contra, en buena medida porque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no quería hacer nada que ayudara al entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a quien veían como un peligroso adversario electoral. El nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco hizo nada contra esa banda, y ahora Sangre Nueva Zeta trabaja aliada al Cártel Jalisco Nueva Generación, que está considerada como la organización criminal trasnacional más importante de México y entre las principales del mundo.
Sangre Nueva Zeta, que ha extendido su portafolio de crímenes al tráfico de cocaína, robo, secuestro y extorsión, pudo crecer porque la anunciada guerra contra el huachicoleo en diciembre de 2018, realmente no fue tal, sino que sirvió como un recurso político para ocultar el desabasto de gasolina provocado desde la transición por las decisiones equivocadas de quien asumió la dirección de Pemex, Octavio Romero Oropeza. El robo de combustible no se detuvo. En agosto del año pasado, información obtenida a través de transparencia dibujaba la otra cara del discurso oficial. El número de tomas clandestinas fue de 934 en ese mes, 113 más que en julio. De enero a agosto se registraron 6 mil 739 perforaciones clandestinas. Hidalgo era donde se dio el mayor número de ellas, encabezando ese tipo de delito el municipio de Cuautepec de Hinojosa, que hace frontera con Puebla, el estado con el segundo lugar en ese tipo de crimen.
Pemex informó que el robo de combustible se redujo en 2020 de 74 mil barriles diarios en diciembre de 2018 a 5 mil 640 dos años después, sin mencionar el aumento en las tomas clandestinas, que tuvo una tendencia al alza en la segunda parte del año pasado, ni explicar por qué no bajaron los niveles de venta de gasolina legal en el país. Sin embargo, datos obtenidos por la prensa vía transparencia revelaron que, hasta otoño del año pasado, el robo de combustible se mantenía en los mismos niveles que durante el último año de la administración Peña Nieto. Al finalizar 2020, Puebla, junto con Hidalgo, la Ciudad de México y Guanajuato, donde se concentra la infraestructura de distribución de Pemex, es donde mayor número de tomas clandestinas hubo.
Los reporteros Jonathan Nácar y Luis León han documentado cómo el robo de combustible se convirtió, en sólo 15 años, en uno de los negocios ilícitos más rentables, junto con el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata, cometiéndose en la actualidad en 25 estados del país. Documentos internos de Pemex estiman que, de cada toma clandestina, se pueden extraer 119 mil litros por año, lo que genera ganancias ilícitas, cada una, superior a los 250 millones de pesos. Adicionalmente, el huachicoleo aumenta la incidencia criminal. Sólo en Puebla, el número de delitos como homicidios, extorsiones, secuestros y robo en carreteras, aumentó 540% durante ese lapso, y los expedientes por extorsiones crecieron de cero a 122.
El encubrimiento del desabasto de gasolina –producto de la incompetencia del nuevo gobierno y del despido a rajatabla y sin análisis de personal con experiencia– produjo un combate al huachicol de palabra, que ocasionalmente ha vuelto a servir en la narrativa presidencial. Fuera del escenario que atiende a la opinión pública, la batalla la está perdiendo el gobierno ante los grupos criminales. Lo más claro, para el público, es que la violencia no se acabó en Guanajuato, como prometía el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, cuando descabezaron al Cártel de Santa Rosa de Lima. Lo que no se ha visto aún es lo que presentó el director de la Inteligencia Civil en el gabinete de seguridad hace tres lunes, al mostrar el crecimiento de Sangre Nueva Zeta, el primer cártel que nació en el gobierno de López Obrador.