El aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, está metido en un hoyo profundo porque el Ejército ha construido sobre terrenos que no le pertenecen. La punta de la pista principal, la terminal del tren que conectará con el aeropuerto Benito Juárez y una gran extensión donde estará la zona comercial aeroportuaria, se encuentran sobre terrenos privados. El Ejército está metido en un atolladero y tuvo que suspender las obras por tiempo indefinido, lo que está elevando los costos. La culpa, sin embargo, no es de los militares, sino del secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer.
El secretario metió al Ejército y al propio Presidente en un problema al descuidar el gran proyecto de Andrés Manuel López Obrador, en su gestión y en ejecución, así como en el armado jurídico, al no indemnizar a varios de los propietarios de los terrenos en esa zona de Santa Lucía. Hay decenas de amparos, pero uno en específico ya subió sus miras. Ya no es sólo mantener la obra detenida hasta que se les pague por sus tierras, sino quieren meter en la cárcel a los responsables.
La demanda, presentada por el abogado José Rubén Sánchez Solórzano, argumenta cómo Meyer y la directora general de Propiedad Rural, María Estela Ríos González, se apropiaron de cuando menos 500 hectáreas del predio de Xaltocan, uno de la decena de comunidades que se han amparado en el perímetro de Santa Lucía, contraviniendo las instrucciones presidenciales de pagar las indemnizaciones que procedieran. El dinero está, pero los funcionarios se han negado a liquidar los predios mediante argucias legales y mentiras.
Esta posición provocó la denuncia de hechos de víctimas del despojo en Xaltocan ante la Fiscalía General de la República el 8 de marzo pasado, y una adicional el 30 de ese mismo mes ante el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, donde los abogados piden ejercitar la acción penal. No menciona el nombre de las personas que eventualmente podrían ir a la cárcel. Sin embargo, en la exposición de motivos queda claro que el responsable legal del presunto robo es quien firmó la documentación que llevó a ese delito, el secretario Meyer.
El fundamento de la demanda es el decreto sobre la propiedad de esos terrenos. Meyer firmó una resolución el 16 de abril de 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de abril de 2019, donde declara “terreno nacional” la propiedad, por lo cual no requiere indemnización. Es decir, lo que López Obrador afirmó varias veces, que se procedería a indemnizar a todos aquellos afectados por la expropiación de tierras en Santa Lucía, Meyer lo eliminó con esa resolución.
Las insistentes quejas de los propietarios siempre fueron rechazadas por Ríos González, quien les dijo que las impugnaciones debían hacerse ante la autoridad judicial. Desde que apareció el decreto comenzaron los problemas. Incluso, el director general de Ingenieros y Responsabilidades Inmobiliarias de la Secretaría de la Defensa, general brigadier Hiram Sergio Cárdenas Noble, le envió un oficio a Meyer y otro a Ríos González, donde menciona la queja de los propietarios. Meyer justificó que él no estaba enterado del tema, y que Ríos González llevaba todo lo concerniente al aeropuerto en Santa Lucía.
Ríos González fue la consejera jurídica de López Obrador cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en los tiempos en que expropiaron los terrenos de El Encino, caso por el cual el presidente Vicente Fox buscó por la vía legal su desafuero político y descarrilar su carrera presidencial. Fox reculó al final, pero tras casi una década de litigio, la Suprema Corte determinó que la expropiación había sido ilegal y el gobierno capitalino tuvo que pagar 95 millones de pesos a la empresa propietaria del predio.
Xaltocan parece una reedición de El Encino, con la enorme diferencia de que el Felipe Ángeles es la principal obra de infraestructura del gobierno de López Obrador, donde se embarcó ante críticas nacionales e internacionales, que vinieron acompañadas de una pérdida de credibilidad en el mundo y de inversiones. Se puede argumentar que no sólo va en juego el prestigio del Presidente, sino que si la obra en Santa Lucía termina en fiasco, definirá su legado.
Ríos González afirmó que los propietarios carecían del título de propiedad, pero le demostraron su propiedad con documentos del Instituto de la Función Registral del Estado de México y del Registro Agrario. En la denuncia de hechos afirmaron los abogados que la Sedatu mintió al señalar que los terrenos en Xaltocan eran baldíos, por lo cual “no había salido del dominio de la nación”, y negar la propiedad privada dentro de los terrenos a nacionalizar.
Meyer entrampó al Presidente y a la Secretaría de la Defensa Nacional al hacer la declaratoria de bienes nacionales de los terrenos, en lugar de haber procedido con la expropiación y la indemnización. Los recursos para ello se los dieron a la Sedena hace dos años, pero Sedatu es quien tiene que pagar. Al negarse Meyer a ello, creó un problema donde no había, pues en lugar de seguir las instrucciones de indemnizar donde procedía, se apropió de terrenos privados. Al ocultar lo que hizo, Meyer empujó a López Obrador a enmarcar los amparos en el terreno político, sin saber que el atorón lo provocaron sus colaboradores con sus arbitrariedades y no quienes identifica como “adversarios”, que reaccionaron en consecuencia.
El litigio que llevó a la denuncia penal ha provocado un incremento en los costos de construcción, al tenerse que avanzar en la obra como si fuera un rompecabezas, porque ante los amparos, es imposible realizar una planificación ordenada. Lo grave es que si no se resuelven los amparos, no habrá aeropuerto, y si se resuelven, los costos de indemnización, con lo que se ha avanzado hasta ahora, se elevarán significativamente. Meyer logró una situación de perder-perder.