Si de palabras melosas se tratara, la relación entre México y Estados Unidos estaría en el mejor momento para un relanzamiento desde hace 35 años, cuando los presidentes electos Carlos Salinas y George Bush se reunieron en Houston para poner fin al deterioro de la relación entre Miguel de la Madrid y Ronald Reagan, y comenzar una nueva era en la relación bilateral. Le llamaron el Espíritu de Houston, y llevó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden lanzaron el viernes pasado el Entendimiento del Bicentenario, un catálogo de líneas generales sobre la relación bilateral en materia de seguridad, que se discutirán durante seis semanas para producir un documento de compromisos entre diciembre y enero.
El "entendimiento" no dice nada que no esté definido por su nombre: es un mero entendimiento sobre los enunciados que perfilan los temas que se negociarán en detalle, dado a conocer conjuntamente por los dos países. La sustancia, sin embargo, aparece en las primeras líneas de otro documento dado a conocer por la Casa Blanca en la forma de una hoja de datos, donde las luces en el cielo lleno de globos de corazones con besos y abrazos de Estados Unidos a los mexicanos tienen otro sentido. Lo más importante es que el marco acordado “se basa en las prioridades políticas de la administración Biden-Harris”.
Que nadie se llame a engaño. La arquitectura del “entendimiento” no tiene como fuente las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino las de su vecino. En su hoja informativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores omitió el origen del “entendimiento”, base sobre la cual se negociará la relación en materia de seguridad, y en su lugar habló de su misión y visión para llegar a un acuerdo sobre tres objetivos específicos, en cuyos detalles los mexicanos encontraremos al diablo, porque establece condiciones que ni Barack Obama con Enrique Peña Nieto, ni George W. Bush con Felipe Calderón, demandaron. Veamos:
En el tercer punto del objetivo 1, el gobierno de López Obrador aceptó reducir la cantidad de homicidios y delitos de alto impacto en México –secuestro, extorsión y feminicidios–, y enfocarse “en los actores y facilitadores de la violencia”, lo que implícitamente establece que la política de “abrazos no balazos” tiene que acabar.
En ese mismo punto se incluye otro compromiso, la investigación de homicidios de manera efectiva y consistente, un mensaje para el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que debió haber tenido mejores cosas que hacer el viernes porque se ausentó de la reunión bilateral de gabinetes. El fiscal se ha enfocado a perseguir políticos, no criminales, y ahora tendría que ir contra los cárteles de la droga que con sus armas letales va conquistando rápidamente territorios en México, y no únicamente a delincuentes de cuello blanco.
Los siguientes dos objetivos, dedicado el segundo a las acciones para prevenir el crimen transfronterizo, y el tercero a perseguir a las organizaciones criminales, de ser finalmente aceptado por López Obrador, revierte todo lo que ha dicho que no haría. El punto tres del objetivo 2 se refiere al desmantelamiento de las organizaciones criminales transnacionales y de sus cadenas de suministro ilícitos, para lo que tendrán que “decomisar sus activos” –los números en erradicación y decomisos se desplomaron en este sexenio– e investigar sus actividades delictivas –que hasta hoy no se ha hecho–, incluyendo “las que ocurren en el ciberespacio”, un punto que se incluyó desde el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel en septiembre pasado, diseñado por Estados Unidos para enfrentar a los hackers rusos.
El segundo punto del objetivo 3 plantea la colaboración en investigaciones y procesamientos en todas las áreas del crimen organizado en ambos países, “construyendo capacidades y rendición de cuentas” –la primera se ha ido desmantelando en México por diseño, y la segunda es inexistente–, “promoviendo la cooperación entre policías, investigadores, analistas y fiscales”. Este punto lleva a lo que Estados Unidos ha planteado desde hace meses y reiteró el viernes, la eliminación de restricciones a la DEA para que puedan hacer su trabajo que, en este momento, de acuerdo con la prensa estadounidense, ha sido afectada por la caída en la recopilación de inteligencia de sus informantes.
En el segundo punto del objetivo 2 se retoma la propuesta de México de reducir el tráfico de armas, pero no en los términos unilaterales como quería, al incorporarse la responsabilidad mexicana. Sí aumentará Biden el esfuerzo para reducir el tráfico ilícito de armas, pero México tiene que hacer lo mismo.
Estados Unidos cooperará en el rastreo de las armas, municiones y explosivos, pero México tiene que empezar a incautarlas cuando pasen la frontera e informar a las autoridades estadounidenses. No bastará que les digan que lo hicieron, sino que demuestren que en efecto lo hicieron.
La estrategia que se definirá incluye el fortalecimiento del Poder Judicial y el incremento de personal capaz para procesar criminales dentro del marco de los derechos humanos, que es en lo que se enfocó en los últimos años la Iniciativa Mérida. La regresión en la cooperación sobre seguridad que comenzó en el gobierno de Donald Trump y se acentuó durante el de López Obrador, tuvo consecuencias.
El gobierno de Biden, al exigir métricas y rendición de cuentas, que se ataque al crimen organizado y muestre resultados medibles, y que pretenda tener fuerzas de tarea conjuntas para reducir la tasa de homicidios en México, exhibe una pérdida importante de confianza en este gobierno.
El “entendimiento”, en este sentido, no es lo que quería México, sepultar la Iniciativa Mérida, sino lo que planteaba Estados Unidos, una reingeniería, que es lo que se está haciendo, expandiéndola y colocando obligaciones al gobierno mexicano que nunca antes existieron.
Nota: en la columna del viernes señalé erróneamente que Lilly Téllez era senadora suplente de Alfonso Durazo. Téllez fue en primera fórmula; el senador suplente es Arturo Bours.