Poco más de 24 horas después del asesinato de dos israelíes con un historial criminal en Artz Pedregal, el centro comercial más lujoso de América Latina, cuatro cuerpos fueron encontrados con huellas de tortura en un paraje de la carretera Picacho-Ajusco.
Las autoridades investigan si los dos eventos están relacionados. Pero más allá de confirmarse la hipótesis, lo que sucedió en la semana es un asunto muy grave: la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva por la Ciudad de México, cuyo corazón es el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, por donde llegan ilegalmente el fentanilo, precursores químicos para las metanfetaminas y cocaína, y cuyas venas son el narcomenudeo.
Aquí, los delitos federal y del fuero común son indisolubles.
La guerra entre cárteles abrió un nuevo campo de batalla, brutal y hasta ahora impune. Lo que sucedió en Artz es la mejor demostración. Un par de asesinos presuntamente alquilados por el Cártel Jalisco Nueva Generación –siguiendo el modelo de su superior, el Cártel del Pacífico, que subcontrataba sicarios para ejecuciones en la Ciudad de México–, que decidieron el crimen en un lugar logísticamente muy difícil para salir bien.
El restaurante donde se cometió se encuentra a casi 100 metros del Periférico y no hay rutas alternas para escapar salvo esa vía rápida, que se encuentra a escasos 180 segundos, corriendo, del cuartel general de la Policía Federal.
Sin embargo, al menos uno de los asesinos y dos personas que servían de “muro” para seguridad se escaparon, literalmente, frente a sus narices. Sólo se detuvo a una mujer que estuvo a punto de huir.
Lo que mostró este desastre en la seguridad fue falta de capacidad táctica y nula reacción. La policía capitalina actuó ante la llamada de emergencia, pero sin establecer los “protocolos de tirador activo”.
Es decir, buscaron intervenir como si el escenario fuera un incidente ordinario, lo que sugiere por qué dos de los “muros” pudieron someter fácilmente a un policía cuando se iban a dar a la fuga en un automóvil y cruzaron disparos con una patrulla que llegó, sin que pudiera frenarlos.
El número era similar entre policías y sicarios –el estándar policial para tener éxito es cuando menos tres oficiales por cada civil–, pero la capacidad de fuego era totalmente asimétrica.
Durante muchos años las zonas donde se movían personas de alto ingreso, con vinculaciones a la clase política o empresarial, tenían una vigilancia especial porque, de sucederles algo, el impacto en la opinión pública iba a ser tan grande que repercutiría inmediatamente en la percepción de inseguridad colectiva y el gobierno. Eso ya no existe al haber sido desmantelado.
Por esa razón, para cubrir el hoyo en el que está el aparato de seguridad, se decidió correr la versión de que había sido un crimen “pasional”, a sabiendas que era falso, pero que ayudó a despresurizar en un primer momento la carga sobre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a costa, sin embargo, del continuo descrédito del secretario de Seguridad Pública y la procuradora locales.
La estrategia mediática blindó políticamente a Sheinbaum, cuando menos temporalmente, pero no resuelve el problema de fondo. El asesinato de Benjamín Yeshurun Sutchi, conocido como Jony Ben, y de Alon Azulay, mostró también serias deficiencias en los servicios de migración y de inteligencia del gobierno mexicano.
Los dos, conocidos en Israel por sus actividades criminales, entraron a México y obtuvieron visas de trabajo sin ser detectados. Es una deficiencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero arrastrada por la debacle en la estrategia de seguridad desde el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las bases de datos de inteligencia criminal, destruidas por el anterior gobierno, no se han podido reconstruir y el nuevo gobierno está considerando tirar todo y comenzar desde cero.
El Cisen no alertó sobre la presencia de los israelitas en la administración anterior, aunque se desconoce si fue por la falta de información de Migración. Su sustituto, el nuevo Centro Nacional de Inteligencia, tampoco tuvo conocimiento aparente de la presencia de los criminales israelíes.
Estas deficiencias alertan sobre el derrotero que está tomando la violencia en la Ciudad de México, y la expansión de la guerra entre los cárteles sin temor al gobierno, a la Guardia Nacional y a nadie.
En paralelo y sin ser excluyente, si se confirma que los casos de Artz y el Ajusco están relacionados, demostrará que los aparatos de contrainteligencia de la delincuencia organizada son más eficientes y efectivos que los del gobierno. Si la línea de investigación no se sostiene, nos quedamos de cualquier forma con preguntas e incertidumbres sobre las capacidades policiales y de inteligencia del gobierno actual, y su visión estratégica del fenómeno.
El gobierno de López Obrador está pagando las consecuencias del desastre que heredó de la anterior administración, pero tampoco hay señales de que habrá una estrategia diferente.
El asesinato en Artz podría ser un punto de inflexión, pero no se ve así dentro del gobierno, que está decidido a mantener los mismos principios que produjeron en la administración anterior la crisis de violencia que se vive.
La racional es que este tipo de crímenes forman parte del enfrentamiento en el país entre grupos criminales, y hay que dejar que se liquiden unos a otros. En el gobierno de Felipe Calderón se insistió –y no le creían–, que el 92% de los homicidios dolosos era entre criminales, pero no dejó de combatir a los cárteles.
El mismo diagnóstico hizo el gobierno de Peña Nieto, pero dejó de afrontarlos. Así le fue. Si el de López Obrador imita al de Peña Nieto, así le irá.
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