El silencio vuelve a ser ensordecedor. El jueves pasado, William Barr, procurador general en el gobierno de Donald Trump, hizo afirmaciones en un artículo en The Wall Street Journal que debían haber sido causa de un desmentido inmediato de México, sin soslayar imputaciones tan serias que, por la forma como se está moviendo la relación bilateral en materia de seguridad, con tensiones, fricciones comunes y presiones con Estados Unidos, que están creciendo en este año de prolegómenos electorales, podrían convertirse en un dolor de cabeza para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Barr es un político bien conocido en el gobierno mexicano, con el que tuvo una intensa comunicación. Como procurador general, sus fiscales pretendieron llevar a juicio al exsecretario de la Defensa general Salvador Cienfuegos, acusado de presuntos nexos con narcotraficantes, y luego reculó por razones políticas: no quería que la cooperación en materia de seguridad, como amenazó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se suspendiera. Hasta disculpas ofreció Barr para que eso no sucediera, pero pasó. La cooperación bilateral se afectó y las quejas se arrastran actualmente con el gobierno de Joe Biden.
No se sabe si Barr se sintió timado por el gobierno mexicano, pero así parece. Su artículo tiene párrafos muy delicados, particularmente uno donde se refiere a la estrategia del Presidente en materia de seguridad y la permanente invocación a la soberanía nacional para bloquear una acción de Estados Unidos. “Los cárteles mexicanos han florecido porque los gobiernos mexicanos no han tenido el deseo de acabarlos, con excepción del presidente Felipe Calderón, que se fue con todo contra los cárteles”, apuntó. “Hoy, el facilitador en jefe de los cárteles es el presidente López Obrador”.
La imputación de Barr no ha encontrado respuesta en México, donde tampoco parece haber mucha sensibilidad sobre lo que está sucediendo con Estados Unidos en materia de seguridad, uno de los ejes centrales por donde corre la relación bilateral y dispara repercusiones. Sin embargo, hay que escucharlo, no sólo por lo que representó, sino porque es una de las voces republicanas influyentes que está ayudando a construir el discurso de narco-Estado en México y cerrando los espacios de maniobra al gobierno de Biden.
En Estados Unidos, pese a los énfasis y matices, hay una política de Estado contra los cárteles de la droga. La crisis del fentanilo, que se arrastra desde el gobierno de Trump, se convirtió en un problema para el de Biden por los más de 108 mil muertos por la enfermedad en ese país el año pasado. En las tres últimas semanas se ha visto en el Senado la molestia de los funcionarios y legisladores estadounidenses, pero el artículo de Barr colocó las cosas en otro nivel, porque abrió la puerta para ver lo que se está haciendo en el Capitolio.
Barr mencionó un proyecto de resolución conjunta (la H.J.RES.18) de los diputados republicanos Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, de Florida, que pide la autorización para utilizar las Fuerzas Armadas contra los cárteles de la droga mexicanos, que se presentó el 12 de enero pasado, el cual aún no se enlista para discutirlo y llevarlo a votación al pleno. Pero éste es sólo uno de muchos.
Una investigación de Eje Central, a principios de febrero, reveló que en los 18 primeros días hábiles de este año se presentaron 10 iniciativas de ley y resoluciones en la Cámara de Diputados enfocadas en seguridad y corrupción, que no sólo incluían la propuesta de Crenshaw y Waltz, sino también proyectos para gravar con 5% las remesas –que han evitado que se rompa el tejido social en México y ha sido factor de estabilización–, para continuar la construcción del muro de Trump y ampliar la ley Magnitsky a funcionarios mexicanos y hacerlos responsables de violar derechos humanos y corrupción.
En muchas de esas iniciativas de ley se menciona a los cárteles mexicanos como “narcoterroristas” y “terroristas”. La semana pasada, no coincidentemente, durante una audiencia en el Comité Judicial del Senado –que alguna vez presidió Biden–, el fiscal Merrick Garland dijo que no se opondría si el Departamento de Estado clasificara a los cárteles de las drogas mexicanos como “organizaciones terroristas”, aunque observó que hay obstáculos diplomáticos que requerirían la aprobación del gobierno mexicano, porque aquellas personas detenidas bajo esa definición serían juzgadas por las leyes estadounidenses.
Ésta es una corriente de opinión creciente en ese país. El 8 de febrero pasado, 21 procuradores generales –todos ellos republicanos– enviaron una carta a Biden y al secretario de Estado, Antony Blinken, para categorizar a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, a los cuales identificaron como una amenaza a la seguridad nacional no sólo por sus cargamentos de fentanilo, sino por haber construido "fuerzas armadas bien desarrolladas" en nuestra frontera sur. Es la línea de pensamiento de Barr, que escribió que a los cárteles hay que enfrentarlos no con la policía, sino como amenazas a la seguridad nacional. “Esos grupos narcoterroristas son más parecidos al Estado Islámico que a la mafia en Estados Unidos”, subrayó.
Biden está muy presionado por los republicanos y ha comenzado a transferir sus apremios al gobierno de México. La detención de Ovidio Guzmán López, considerado el principal introductor de fentanilo a Estados Unidos, fue la primera donde ejercieron su fuerza. Han seguido con presiones para que aceleren las extradiciones, entre las que figuran las de Guzmán López y Rafael Caro Quintero, y les proporcionen datos confiables sobre el fentanilo. Aquí se han resistido. No se pudo evitar la captura del hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, pero un delito posdetención, uso de armas exclusivas del Ejército, bloqueó su extradición.
El gobierno de Biden ha sondeado con sus contrapartes en México la posibilidad de declarar a los cárteles “organizaciones terroristas”, pero no ha recibido respuesta. El espacio se le agota al gobierno mexicano, que deberá tomar una decisión en un plazo no lejano, porque su ambigüedad se ha vuelto insostenible.